La reinstalación de la prisión provisional en Puerto Rico¿alternativa para un sistema de justicia criminal? Un análisis comparado entre España, Puerto Rico y los Estados Unidos de América

Resumen

La presente investigación tiene por objeto estudiar y comparar los sistemas de detención preventiva y prisión provisional de Puerto Rico, los Estados Unidos de América y España. Comienza con un estudio de la evolución de la prisión provisional y los cambios que poco a poco ha sufrido desde la década de los ochenta del siglo XX hasta el presente para amoldarse a las disposiciones de la Constitución Española de 1978. Así mismo se estudia el sistema de prisión provisional en Puerto Rico desde el siglo XIX hasta el 1902 cuando se adopta un Código de Enjuiciamiento Criminal acorde con la política de americanización impuesta a partir de 1898. Posteriormente se estudian los efectos de la eliminación de la detención preventiva en Puerto Rico y la adopción de una política de derecho absoluto a la fianza. Se a estudia, también, el sistema federal estadounidense de detención preventiva (¿pre-trial detention¿) y su evolución a través de las doctrinas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a partir de la década de los cincuenta del siglo XX. En la investigación también expone la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y los efectos que esta puede tener en los derechos del acusado y en su sistema de imposición de fianza y detención preventiva. Para terminar se pone de manifiesto cómo el sistema puertorriqueño de fianza y detención preventiva no se ajusta a la norma estadounidense provocando que el mismo pueda ser declarado inconstitucional de un momento a otro. Para evitarlo proponemos que Puerto Rico adopte el modelo español de prisión provisional ya que el mismo se ajustaría con muy pequeños ajustes al sistema estadounidense. Por sus salvaguardas y restricciones el modelo de prisión provisional español brindaría mayores derechos que el de detención preventiva estadounidense y a su vez traería de vuelta a Puerto Rico una medida cautelar imprescindible en todo sistema procesal penal.