La descentralización productiva en las administraciones públicas y garantía de los derechos de los trabajadores

Resumen

La Administración Pública puede gestionar sus competencias de forma directa o indirecta, siendo libre de determinar su modelo de gestión. No obstante, hay determinadas competencias que resultan indelegables y, por tanto, ciertos límites que la obligan a contar con sus propios medios para su ejercicio. El resto, se podrán encomendar a terceros, lo que le permitirá disponer de recursos humanos y materiales ajenos que serán puestos a su disposición por las empresas contratistas o subcontratistas. La incidencia que la contrata o subcontrata pública ejerce sobre el tejido productivo y su repercusión en el mercado, explica la fuerte influencia que ejercen las Directivas de contratación pública como mecanismo que contribuye a hacer efectiva la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. La contratación pública no debe perseguir únicamente la ejecución de obras, la prestación de servicios o la adquisición de suministros al mejor precio, sino que ha de incorporar una visión transversal de carácter social vinculada con medidas que promuevan el empleo de determinados colectivos o con medidas de igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, con carácter preceptivo se incorporarán en todo expediente de contratación las cláusulas sociales, como un compromiso adicional por encima de lo estrictamente legal. La nueva LCSP se muestra más garantista con los derechos de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas al incorporar a lo largo de su articulado distintas medidas que intentan poner en valor el respeto a las condiciones laborales y, en especial, las salariales previstas en el convenio colectivo sectorial.