O estatus parlamentario dos vereadores á luz da constituiçao brasileira de 1988

Resumen

O Status Parlamentar dos Vereadores à Luz da Constituiçao Brasileira de 1998 La investigación desarrollada ha tenido como objeto el estudio del estatus parlamentario del concejal brasileño (vereador) a la luz de la Constitución de 1988; estatus cuyos derechos, prerrogativas y límites han sido alterados y deben ser examinados en el contexto del Estado Constitucional Democrático de Derecho instituido por el constituyente originario, entre 1987 y 1988. Entre las innovaciones dignas de consideración previstas en la Ley Fundamental están: por un lado, un federalismo multinivel, más estrictamente de tres niveles, con el municipio expresamente elevado a la categoría de ente federado y, por otro lado, la inviolabilidad de los concejales; ambas, sin precedentes en la historia constitucional anterior. El reposicionamiento del municipio en la Federación y las nuevas previsiones constitucionales sobre las actividades de los ediles, han aproximado, de iure y de facto, las funciones de los concejales a aquellas ejercidas por los demás parlamentarios del país. Esta simetría vertical es más difícil advertirla horizontalmente, estos es, comparando los municipios entre sí pues, aunque las funciones sean semejantes, su ejercicio ocurre en realidades muy distintas. Comenzando por la existencia de 5.564 Cámaras de Concejales, presentes en los municipios distribuidos en más de 8.500.000 km² de territorio, y siguiendo porque la realidad nos muestra a gigantes como São Paulo, con más de 11 millones de habitantes, y Serra da Saudade/SP, con 890 habitantes. En la economía, el Producto Bruto Interno (PBI), de más de US$ 200 billones del municipio de São Paulo es superior, individualmente, al de todos los demás Estados Miembros de la Federación. Esos contrastes igualmente se revelan en el PIB per cápita, mientras hay municipios con renta superior a US$ 100.000/persona/año, hay otros con renta inferior a US$ 1000 por persona\año. La disparidad también aparece en el número de concejales en cada municipio, los cuales cuentan con un mínimo de nueve, en los pequeños, donde un concejal representa cerca de 100 habitantes, y el máximo de cincuenta y cinco, en el mayor, donde un concejal representa cerca de 200.000 habitantes. A partir de ese nuevo marco normativo, la investigación ha pretendido identificar y afirmar un estatus, con contenido material y formal, en torno al mandato representativo de los parlamentarios municipales, con soporte en la Constitución Federal, y que regule las funciones y prerrogativas de todos los ediles patrios. El nuevo modelo, sin embargo, no está exento de problemas: De una parte, hay severos problemas de acomodación normativa sobre el particular, con normas federales, estatales y municipales superpuestas, muchas de ellas reiterativas, otras sin embargo divergentes cuando no contradictorias. De otra parte, cuando los conflictos han acabado ante un juez, aparecen no pocas disparidades jurisprudenciales en la materia, con jueces y tribunales de todo el país adoptando los más diversos posicionamientos sobre una misma institución, sembrando inseguridad jurídica. Esas inmensas divergencias de interpretación sobre instituciones de derecho parlamentario contrastan con la escasa atención que ha prestado la doctrina a esta materia, habiendo algunas obras sobre algunas cuestiones muy específicas, pero ninguna que aborde sistemáticamente el estatus de los concejales. En términos cuantitativos, existiendo 51.924 concejales, frente a 1.036 parlamentarios de los legislativos estatales, 513 Diputados Federales y 81 Senadores en todo Brasil, el mayor conjunto de parlamentarios, que son los municipales, es el que menor atención doctrinal ha merecido. Por esas razones, la tesis ha pretendido acometer un enfoque global de los distintos elementos que integran el estatus de los parlamentarios municipales, intentando sistematizarlos, además de identificar disfuncionalidades normativas y jurisprudenciales y proponer, en consecuencia, algunos perfeccionamientos de interpretación y hasta normativos. Ha de dejarse claro, desde el comienzo, que el estudio, aunque haga alguna referencia eventual, no considera la posición jurídico-institucional de los Ejecutivos locales (singularmente los Alcaldes), porque la forma de gobierno presidencial en Brasil se proyecta en los distintos entes territoriales y por ello los Alcaldes y los Consejales poseen un tratamiento constitucional diverso, con elecciones directas independientes, de modo que la legitimidad obtenida por el voto popular, la composición, las garantías y las funciones son diversas. La investigación se ha estructurado en tres partes: En la primera se abordan cuestiones relacionadas con Federalismo y a la representación, con el objeto comprender el contexto orgánico-constitucional del nacimiento y de la actuación del concejal en Brasil, cuyas raíces históricas explican algunas características actuales de la distribución constitucional de poder. Las principales funciones de los concejales, coincidentes con las de los demás parlamentarios, como son, la constituyente, la legislativa, la de control y fiscalización y la político-juzgadora, compone la primera parte de la tesis. El segundo bloque, también dividido en cuatro capítulos, se constituye en un esbozo del estatuto material de los concejales, comenzando con el estudio de la inviolabilidad parlamentaria, seguido por la inmunidad parlamentaria procesal, por la retribución, pasando por la prerrogativa de foro, los privilegios en relación a los testimonios judiciales y el tratamiento dispensado a los parlamentarios en cuanto al servicio militar y a la prisión especial, concluyéndose con la incompatibilidad de las funciones de los concejales. La tercera y última parte de la tesis se enfrenta a cuestiones procesales y culturales de Brasil proyectadas sobre dicho estatus. Comienza por el examen de la judicialización de las cuestiones políticas, pasa por la análisis de los medios procesales aptos a la defensa de los derechos y prerrogativas de los parlamentarios, en especial el mandato de seguridad, individual y colectivo, y concluye con el estudio de las decisiones judiciales existentes sobre temas de derecho parlamentario, en particular la intervención en el proceso legislativo, la tutela jurisdiccional de la función de investigar, llegando a casos que permiten reflejar algunos excesos, aciertos y también insuficiencias de la función jurisdiccional proyectada sobre función parlamentaria.