Efecto de las crisis sanitarias y del rediseño de políticas comunitarias sobre la estructura productiva del sector vacuno de carne en la Unión Europea

Resumen

Los acontecimientos sanitarios de la década de los noventa, en particular la EEB y las crisis alimentarias, obligaron a reformar las políticas comunitarias para dar respuesta a las exigencias de protección de la salud y de bienestar demandadas por los ciudadanos, estableciendo los principios generales de la seguridad alimentaria y el modelo de producción agrario europeo, inspirados en el principio de precaución, con la intención de recuperar y mantener la confianza de los consumidores en los sistemas comunitarios de control alimentario, mantener el mercado interior y favorecer el desarrollo social y económico. El cumplimiento de los requisitos que determinan estas políticas europeas supone costes económicos extras a las explotaciones que dificultan su posición en el mercado internacional frente a competidores a los que no se imponen. El coste de estas garantías podría 10 recuperarse en parte si el consumidor aceptase el mayor precio. Sin embargo, aunque en las encuestas el ciudadano manifieste su disposición a pagar más caro, en el momento de la compra la mayoría se decide por los alimentos más baratos, por lo que no se recuperan los costes de la carne de vacuno sujeta a los requisitos impuestos por el modelo de producción agraria europeo. La estructura productiva de vacuno en la UE se ha visto tan afectada en los últimos veinte años, tras las sucesivas reformas de la PAC y de la política de protección de los consumidores, que no puede satisfacer la demanda, pasando de ser excedentaria en carne de vacuno a verse obligada a importar para poder satisfacer el consumo interno. Los problemas sanitarios no han provocado perturbaciones a largo plazo en el mercado mundial porque la oferta se ha adecuado a la demanda. La disminución, motivada por las dificultades de producción, de la oferta interior comunitaria y de carne de vacuno para exportar provocó que la producción, y por tanto la oferta, aumentase en países terceros, principalmente de Mercosur, para ocupar el puesto dejado por la UE. De modo que, fundamentalmente, han sido los productores los mayores perjudicados por las consecuencias comerciales, al reducirse su capacidad productiva y, en consecuencia, la generación de renta en sus explotaciones. En sus relaciones comerciales con terceros países, la Comunidad Europea es consciente de la sensibilidad a los riesgos de los alimentos y las demandas de la población. Durante las últimas décadas ha aplicado, o ha intentado aplicar, los principios de seguridad alimentaria en sus acuerdos comerciales internacionales. Las dificultades surgen cuando el diseño y la estrategia de políticas de seguridad alimentaria en otros países no está condicionada por los mismos factores, y en muchos casos las medidas impuestas por las políticas de la UE sobre la agricultura y la protección de los consumidores son interpretadas como medidas proteccionistas que sólo tratan de defender el mercado de la UE. La Comunidad sostiene que la protección de los consumidores determinado por los Tratados justifica esos obstáculos al liberalismo, a pesar de que los terceros países consideran que sólo persigue proteger la agricultura de la UE limitada por la competencia internacional.