Ley de cuotas y distribución de poder en las comisiones legislativas de América Latina

  1. ALDREY CALVO, SASHA MARIANNE
Dirigida por:
  1. Antonia Martínez Rodríguez Director/a

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Fecha de defensa: 17 de octubre de 2016

Tribunal:
  1. María Esther del Campo García Presidenta
  2. Paloma Román Marugán Secretaria
  3. Antonio Garrido Rubia Vocal
  4. Laura Nuño Gómez Vocal
  5. Ludolfo Paramio Rodrigo Vocal

Tipo: Tesis

Resumen

Problema de investigación: ¿continúa reproduciéndose el estereotipo de Supermadre planteado por Elsa Chaney en 1979?. Contrastando la información del estudio realizado en 2005 por Heath, Schwindt-Bayer y Taylor Robinson, con las teorías extraídas de Leslie Schwindt-Bayer (2010), se pretende comprobar si este modelo se perpetúa en el continente latinoamericano y poner en contexto su evolución transcurridos 20 años desde la promulgación de la ley de cuotas argentina. Como novedad de investigación, aportaremos el análisis detallado de las comisiones legislativas en base a los tres grupos clasificatorios de Heath, Schwindt-Bayer y Taylor Robinson (2005), dando cuenta además de las funciones y competencias que estas comisiones legislativas tienen asignadas, para poner de manifiesto su importancia e impacto en la sociedad junto a las estadísticas relativas a dichas funciones. En la segunda parte del estudio, se aportará una nueva línea de investigación enfocada hacia el registro del comportamiento del gasto público etiquetado de género. Hipótesis: 1. Gracias a la cuotificación de las listas electorales, la mujer latinoamericana debería registrar una ascenso en el número de escaños de los Parlamentos regionales; 2. Las diputadas y senadoras deberían ubicarse de forma equilibrada y equitativa en todas las comisiones parlamentarias; 3. Con el aumento de la participación política de las mujeres en las cámaras legislativas, los programas y políticas públicas enfocadas a temas de género deberían revelar un aumento en el gasto público hacia dichas temáticas, y una mayor transversalización del gasto público etiquetado de género. Donde más palpable resulta la influencia de la legislación de las cuotas es en el caso de Argentina. Tal vez por ser el pionero, haya logrado una mayor interiorización del espíritu de la ley por parte de l@s legislador@s, o una mejor interpretación. Pero ciñéndonos a la realidad que arroja la composición de las comisiones, los patrones de los que nos hablaban nuestras autoras del marco teórico, se siguen repitiendo. Y esto ocurre tanto en Argentina como en México y Chile. Tenemos que apuntar a este respecto que, si bien la hipótesis 1 sí se cumple, la hipótesis 2 se cumple a medias, dado que al menos en Argentina, se alcanzaba la paridad en ambas cámaras para las comisiones de Reproducción y las de Conservación del Sistema, acaparando los varones las comisiones de Producción en mayoría absoluta. En la segunda parte de nuestra investigación, iniciamos el registro del gasto etiquetado de género y su posible variación en esta era post cuotas. En términos generales nuestros tres países invierten de forma distinta, según las necesidades que vienen estimando son pertinentes a su concepto de igualdad entre hombres y mujeres. Esto también dificulta la estandarización de los datos, habida cuenta de la falta de rigor y transparencia, por lo que nuestra hipótesis inacabada sólo alcanza a registrar el aumento en la inversión en temáticas de género, siendo difícil medir la transversalización sin unos datos transparentes, quedando abierta dicha línea de investigación y generando una cuarta hipótesis que podría servir de punto de partida y/o apoyo de cara a futuros estudios: el poder Ejecutivo es el que decide cuándo, cómo y en qué se gasta. Los presupuestos públicos, son el resultado de la agenda del poder Ejecutivo, y no del poder legislativo como nos habíamos planteado. Pese a todo, no debemos menospreciar la voluntad política mostrada por las legisladoras mexicanas, la cual confirma que los Parlamentos son capaces de exigir transparencia y transversalización en la inversión pública relativa al género.