Evaluación de capacidades institucionales para la implementación de política públicacasuística en Bogotá

Resumen

Bogotá, la capital de Colombia, es la ciudad con mayor población del país. Según el decreto ley 1421 de 19931 localidades. A partir de la observación y experiencia en esta ciudad, emerge uno de los interrogantes de este trabajo: ¿Porqué, parecen insuficientes las capacidades institucionales que posee el distrito capital, para tramitar las políticas públicas que diseña, sobre todo en la fase de implementación, en la cual emergen la insatisfacción y el descreimiento social? (30% Bogotá va por buen camino; 48% satisfecho con Bogotá; el 46% orgulloso; 33% confía en el alcalde) (Bogotá, como vamos, 2014). Buscando explicaciones que, desde la dimensión cognoscitiva permitan comprender que ocurre en la etapa de implementación de políticas en Bogotá D.C., la hipótesis de trabajo es la siguiente: El grado de institucionalización de los conocimientos, actitudes y prácticas de los agentes responsables de la implementación de la política pública de discapacidad, incide en las decisiones, acciones y soluciones, que toman estos agentes, y en el alcance de las metas que la política pública de discapacidad establece para el año 2014. El objetivo general del trabajo es proponer y aplicar un modelo cualitativo de evaluación de capacidades institucionales para la implementación de políticas públicas, que indague a los/as agentes partícipes en la etapa de implementación, y devele la prevalencia de conocimientos, actitudes y prácticas, existente, en relación con las decisiones, acciones y soluciones que toman dichos agentes; con el fin de comprender la complejidad de las capacidades emergentes (y necesarias) en la 1 Decreto Ley 1421 de 1993, ¿Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá¿. se conforma por un sector central, un sector descentralizado y un sector etapa de implementación de políticas, ¿evaluarlas¿ y calcular su grado de institucionalización. Según los resultados obtenidos la capacidad institucional (CI CAP) para la implementación de la política pública de discapacidad, alcanza 3.81 puntos de 100 posibles. Tal comportamiento se explica con precisión en el capítulo final. Lo anterior significa que, los conocimientos, actitudes y prácticas que se están institucionalizando, marcan un rumbo equivocado; la tradicional manera de hacer las cosas, conduce de manera incorrecta el curso de acción que debe seguir la política pública, para cumplir sus objetivos. El presente ejercicio es una apuesta alternativa la evaluación, esfuerzo que deja lecciones aprendidas para ejercicios futuros. Por ahora, ha permitido confirmar la hipótesis de trabajo. Dentro de algunos autores consultados están: Alonso, Aguilar Villanueva, Alcántara, Berger, Bobbio, Borja, Del campo, De Alba, D¿Andrade, Dimagio, Evans, Fukuyama, Gómez, Hobbes, Kant, Luckman, Mann, Medellín, Meny, North, O¿donell, Olías, Offe, Oslak, Powell, Prats, Repetto, Rousseau, Rosas Huertas, Scott, Skcopol, Subirats, Vallespín, Vergara, Weber, y Zucker, entre otros/as.