Incidencia de la descentralización territorial en la financiación pública de la enseñanza no universitaria en España e impacto de la crisis económica internacional2000-2012
- CHARRO SALAZAR, GEMA ARANZAZU
- Pedro José Gómez Serrano Director
Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid
Fecha de defensa: 15 de enero de 2016
- José Antonio Nieto Solís Presidente
- Rafael Fernandez Sanchez Secretario/a
- Sergio A. Berumen Arellano Vocal
- Ricardo Molero Simarro Vocal
- Inés Martín de Santos Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
La educación es un derecho clave para la cohesión social y la compensación de los desequilibrios y desigualdades que el sistema económico pudiera generar por su propio funcionamiento. Se considera que, a partir del predominio de la lógica neoliberal a nivel mundial, la educación quedó afectada tanto en sus objetivos como en el papel reservado al Sector Público, agudizándose el proceso tras la crisis económica de 2008. Los países de la UE-15 comparten una educación obligatoria de 10-12 cursos, junto con la gratuidad de esta enseñanza en los centros públicos; pero difieren en el grado de descentralización de sus sistemas educativos y la existencia de subvenciones a los centros privados. España representa un caso singular a nivel internacional por su red de centros privados que reciben financiación pública y, por otro lado, la descentralización regional del sistema educativo a partir del año 2000 supuso que las Comunidades Autónomas (CC.AA.) pasaran a ser las principales responsables de la asignación del gasto en educación. La investigación se centra en determinar, para el caso de España, la relación entre la descentralización educativa a nivel territorial y las políticas de gasto aplicadas por las diferentes CC.AA., teniendo en cuenta la diferente situación histórica de cada región como el impacto de la crisis de 2008. El análisis de las principales variables relativas al gasto público muestra que, tras la descentralización de las competencias educativas, si bien todas las regiones aumentaron su gasto en educación, destacaron las de menor nivel de renta per cápita, que se encontraban en peor situación de partida. Ello dio lugar a la reducción de las desigualdades territoriales y a un proceso de convergencia a nivel nacional e internacional. Tras la crisis, todas las regiones redujeron el gasto público pero la brecha no aumentó de forma significativa, aunque sí que hubo un retroceso para España dentro de la UE-15. Dentro del claro predominio de la enseñanza pública en el sistema educativo español, en la etapa expansiva del gasto público educativo se produjo un aumento de la financiación de la enseñanza concertada con fondos públicos para el conjunto de las CC.AA, aunque dicha tendencia no fue correspondida por la mayor parte de las regiones en lo referente al aumento en el peso de los centros educativos ni en la matriculación del alumnado. Tras la crisis económica, la enseñanza concertada no se mantuvo como una alternativa más eficiente para el ahorro de recursos, ya que su peso disminuyó dentro del gasto educativo total en la mayor parte de comunidades. Por último, el análisis de las becas y ayudas al estudio junto con los programas de atención a la diversidad, muestran que tuvo lugar un aumento de los recursos asignados tanto por parte de la Administración central como de las autonómicas, siendo indicativo del mayor reconocimiento por parte de las autoridades del papel que estas ayudas juegan en materia de igualación de oportunidades. Sin embargo, a partir de la crisis, se produjo una reducción general del gasto que rompió la tendencia seguida los años anteriores, en un momento en que eran especialmente importante para un gran número de familias en el territorio español. En términos generales, los recortes en el gasto educativo que se realizaron a partir de la crisis económica representan una actuación coyuntural que originó un cambio de tendencia puntual, resultado de la necesidad por parte de las distintas regiones de cumplir con los objetivos de consolidación fiscal, sin observar el inicio de un cambio en la intervención del Sector Público en la educación española. No obstante, esta observación no se puede hacer extensible a los años posteriores siendo necesario analizar las implicaciones de la última reforma educativa que entró en vigor en España en 2013.