El principio de cooperación en el sistema de protección social, en un marco de Estado descentralizado y de competencias compartidas

Resumen

El sistema de protección social incluye una amplia amalgama de instituciones y ámbitos prestacionales que en el tiempo se han visto intensamente modificadas, conforme han ido variando las necesidades sociales y las estructuras político- administrativas diseñadas para hacerles frente. Estos cambios han alcanzado desde las materias de atención del propio sistema como a las formas de proveer dicha atención, los responsables de garantizarla, los agentes que intervienen en esta acción, y las relaciones que se establecen entre todos ellos. En nuestro caso, además, esta situación se hace especialmente compleja en el marco del Estado Autonómico caracterizado por un fuerte proceso de descentralización política y un modelo competencial articulado, prioritariamente, sobre competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La complejización sufrida por el sistema de protección social ha llevado a que en la práctica no siempre se haya garantizado la unicidad del sistema, identificada en el axioma básico de que todos los ciudadanos tengan el mismo cuerpo de deberes y derechos con independencia del territorio en el que residan. A menudo se ha señalado como un problema el hecho de que la competencia del desarrollo de una determinada materia no sea exclusiva de una única administración. Cuando en uno de estos ámbitos intervienen varias administraciones, tal hecho suele analizarse desde la perspectiva de la ¿fragmentación¿ y rara vez desde la de la necesaria ¿colaboración¿, aun a pesar de que la propia protección social es una materia en ocasiones no claramente definida en la que todas las administraciones (central, autonómica y local) tienen competencias en algún grado. Y aún más redunda en ello la culminación del proceso de descentralización competencial experimentado en España. Sin embargo, nuestro sistema de protección social también presenta numerosos ejemplos de cómo distintas administraciones han sabido desarrollar fórmulas colaborativas que sí han sabido integrar una visión unitaria del sistema de protección social en el marco de un Estado descentralizado. El objetivo de esta investigación es el de analizar y evaluar si realmente el Estado Autonómico es capaz, o no, de articular un modelo para que el Sistema de protección social pueda desarrollarse respetando los principios con los que se definió originariamente: estos son, el principio de igualdad y el principio de pluralidad (autogobierno), buscando las posiciones de equilibrio entre ambos desde la Cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Así, en el Capítulo I se presenta un bosquejo del modelo en el que se fundamenta el Estado Autonómico, presentado como un Estado Social descentralizado. En el que se ahonda en el modelo competencial y se propone una sistematización del mismo, así como las distintas razones que han venido a participar en su configuración. El Capítulo II analiza el Sistema de protección social en los diversos ámbitos que lo componen, tanto en el plano estatal como europeo. Deteniéndonos especialmente en la distribución competencial y su evolución. El Capítulo III estudia cómo el Principio de Cooperación se ha convertido en la respuesta que el Estado Autonómico ha dado a sus problemas de articulación, haciéndose también una propuesta de sistematización sobre la base de su construcción jurisprudencial y la concreción material de la que se ha dotado. El Capítulo IV presenta un análisis de la aplicación práctica del modelo, así como los resultados obtenidos en cada uno de los ámbitos del sistema de protección social. En el Capítulo V se hace una primera evaluación general del modelo, señalando sus fortalezas y debilidades, trayendo además reflexiones e ideas que pudieran servir para el debate sobre la necesaria reforma de la articulación del Estado Autonómico en esta materia.