El debate sobre la calidad de la educación en la reforma constitucional mexicana de 2013

  1. HINOJOSA SANTOS, ROBERTO ARNULFO
Dirigida por:
  1. Julio V. González García Director
  2. Gabriel Cavazos Villanueva Director/a

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Fecha de defensa: 25 de enero de 2016

Tribunal:
  1. Ricardo Alonso García Presidente
  2. Rafael Caballero Sánchez Secretario
  3. Antonio Estella de Noriega Vocal
  4. Eva María Nieto Garrido Vocal
  5. María Zambonino Pulito Vocal
Departamento:
  1. Derecho Administrativo

Tipo: Tesis

Resumen

La educación es un derecho humano, y a partir del año 1990, se consensó a nivel internacional que ese derecho ya no se limita a que los Estados garanticen el acceso, en términos de gratuidad y obligatoriedad, sino que la educación pública otorgada sea de calidad para todas las personas. En México esta nueva visión se incorporó a partir del año 2008 en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación. El factor que incide de manera directa de acuerdo a ciertos investigadores es el docente. Esta es la base conceptual que sustenta el objeto de estudio de esta investigación, la reforma constitucional en materia educativa promulgada en 2013. La problemática educativa en México, se refleja en los bajos índices de calidad, de acuerdo a los estudios nacionales e internacionales en la materia, que se obtienen de las pruebas PISA, EXCALE y ENLACE. El presidente Enrique Peña Nieto impulsó una seria de reformas estructurales para modificar el sistema social, económico y de competitividad, entre las que destacó una reforma al Artículo 3 sustentado en la premisa de que ¿una nación basa su desarrollo en la educación¿; el 10 de diciembre de 2012 presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia educativa destacando la creación del Servicio Profesional Docente (SPD); la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como órgano autónomo y la creación del sistema de evaluación educativa nacional, con el objetivo principal de asegurar la idoneidad de los docentes a través de concursos de oposición y evaluaciones obligatorias. El reto actual es impartir una educación que responda a las demandas de nuestro tiempo, una educación de calidad para impulsar el desarrollo social, político y económico. La modificación más trascendental, fue la incorporación al texto constitucional de la palabra calidad como una condición de la educación que ofrece el Estado; así como la creación del Servicio Profesional Docente SPD, aspecto que representa la mayor aportación de la reforma, bajo el supuesto de que a través de la evaluación se garantiza la selección y contratación del personal docente más cualificado. Una vez realizado el análisis, podemos concluir que el derecho humano a una educación de calidad, puede ser una vía de desarrollo humano y social, pero que esto no se loga garantizar en los textos adicionados a la constitución. La calidad del docente no solo depende de una reforma legal, sino de un cambio de cultura en donde los docentes asuman el compromiso, la disponibilidad y el profesionalismo en el ejercicio de su vocación. Como mayor desventaja debemos señalar que, la comprobada falta de participación de los docentes en la discusión y elaboración de la reforma constitucional, representa un factor de fracaso de la propia reforma. La reforma constitucional de 2013 sin duda amplió el alcance y espíritu del artículo 3 y tiene en la práctica un matiz laboral muy significativo. A pesar de ello, y de los múltiples amparos promovidos por los docentes del Estado, fue ratificada y refrendada por la máxima autoridad jurisdiccional en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atendiendo a los principios del beneficio al interés general y del interés superior de la niñez.