La ejecucion provisional de resoluciones judiciales en el proceso civil español

Laburpena

La ejecución provisional es una modalidad de ejecución forzosa que tiene por finalidad otorgar efectividad a los pronunciamientos de condena contenidos en resoluciones judiciales no firmes que han sido impugnadas, cuyos efectos se encuentran supeditados al resultado del recurso interpuesto frente a la resolución que ha sido objeto de esta institución. La presente tesis realiza un exhaustivo análisis del modelo español de ejecución provisional implementado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, caracterizado por admitir con carácter general la ejecución provisional de las resoluciones judiciales, sin necesidad de prestar caución; por contener una regulación completa y unitaria de la institución, aplicable tanto a las resoluciones de primera como de segunda instancia; por conferir eficacia ejecutiva a las resoluciones no firmes susceptibles de ser ejecutadas provisionalmente, las que constituyen auténticos títulos ejecutivos; por regular un mecanismo específico de oposición a la ejecución provisional, como contrapeso al despacho de la misma sin necesidad de prestar caución; y por ocuparse de los efectos de la confirmación y, especialmente, de la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada, disponiendo que el ejecutado provisional puede reclamar las prestaciones a que tiene derecho como consecuencia de la revocación dentro del mismo proceso de ejecución, sin necesidad de acudir a un proceso declarativo diverso. La investigación se desarrolla de acuerdo con el método dogmático, revisando las contribuciones que ha aportado la doctrina científica en la inteligencia de las normas que regulan esta institución, así como la aplicación práctica que de ella han realizado los tribunales españoles. De acuerdo con nuestro análisis del sistema español de ejecución provisional, el legislador realiza una regulación razonable y adecuada de la institución, y representa una respuesta equilibrada de los diversos intereses en juego en el debate entre privilegiar el derecho a la ejecución de las resoluciones o del derecho a recurrirlas.