Políticas de inmigración y ciudadanía y el estado dominicanoun desafío de gobernanza democrática

Resumen

La República Dominicana es un país donde el Estado ha pasado por un proceso de reformas institucionales y políticas, las cuales afectan al diseño y ejecución de sus políticas migratorias y enfrentan múltiples obstáculos, la mayoría de los cuales emanan de una historia reciente de autocracia, corrupción y exclusión social. Históricamente la República Dominicana ha mirado al empobrecido lado occidental de la isla como una fuente de mano de obra para la agro-exportación de azúcar en torno al cual se desarrolló un sistema migratorio entre los dos países hasta los años ochenta. Este sistema es parte de la historia dominicana contemporánea y tiene importantes consecuencias, no sólo sociales, sino también políticas. Éstas han influenciado fuertemente las políticas migratorias diseñadas e implementadas desde que inició el proceso de reformas del Estado. Muchos de los trabajadores de la industria de la caña nunca regresaron a Haití y tuvieron familia en el país durante los últimos sesenta años. Cuando este sistema migratorio murió, lo hizo también el sistema de protección a los inmigrantes que había funcionado durante décadas. El fallo del Estado en abordar de forma apropiada este tema provocó quizá la crisis política más importante en el pasado reciente en el país, y puso en cuestión el proceso de reformas del Estado orientadas a la gobernanza democrática y el Estado de Derecho. En 2004 se aprobó una nueva ley de migración que introdujo cierta modernidad materializada en la creación de órganos colegiados y multisectoriales de toma de decisiones y de investigación y asesoría como parte del diseño institucional en la formulación e implementación de las políticas migratorias. Como consecuencia de una controvertida decisión del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013 sobre la nacionalidad de niñas y niños descendientes de estos inmigrantes nacidos en el país se desató una profunda crisis institucional, la cual forzó al gobierno dominicano a tomar una serie reformas. Entre noviembre de 2013 y julio de 2014 el Presidente Danilo Medina y su gabinete lideraron un proceso que llevó a dos acciones de gobierno específicas: un plan de regularización orientado a extranjeros y una ley de naturalización y régimen especial, así como su reglamento. A muchos de los descendientes les fueron canceladas o suspendidas sus actas de nacimiento y cedulas de identidad durante años, documentos que, aunque no sin obstáculos administrativos, están siendo recuperados. Sin embargo para aquellos que nunca pudieron ser inscritos en el registro civil su destino es incierto, ya que no existe claridad sobre cómo las autoridades adaptarán un proceso de naturalización regular a su situación especial. Lo más preocupante no obstante es que la mayoría nunca se registró para beneficiarse del programa. En lo que se refiere a los inmigrantes irregulares, el impacto del plan de regularización ha sido sin duda positivo en términos cuantitativos ya que pesar de ser la primera experiencia de este tipo en el país, se logró registrar, eso sí, a través de un improvisado y defectuoso procedimiento, a un número considerable de inmigrantes. Sin embargo en términos cualitativos existen serias dudas sobre el impacto real del plan para la vida de la mayoría de las personas. A pesar de los desafíos, una evaluación técnico-profesional de estos programas actualmente en marcha, constituye una oportunidad perfecta para que el gobierno dominicano aprenda lecciones y se acerque a la migración como un activo social, además de económico, para el desarrollo del país.