Pervivencias foralistas en la descentralización vasca (1975-1978)

Laburpena

Esta tesis doctoral analiza las pervivencias foralistas en las provincias vasco-navarras entre julio de 1975 y febrero de 1978, entre el final del tardofranquismo y la implementación del régimen preautonómico. En la última de esas fechas, se constituyó el CGPV, el órgano regional de carácter confederal para las tres provincias vascongadas que aglutinaba tal novedosa administración, que no incorporó a Navarra, provincia que mantuvo su propia vía foral. El 10 de julio de 1975, el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María Araluce, presentó una moción en las Cortes, en la que solicitaba la abolición del decreto-ley de 1937, aquel que en la guerra civil había privado a Guipúzcoa y Vizcaya del Concierto Económico. En el seno del Régimen, hubo partidarios de contentar tal reivindicación, argumentando que una política meramente represiva sería incapaz de solucionar el problema de orden público existente. El vicepresidente García Hernández ideó un proyecto de decreto-ley que abolía tal norma y creaba una comisión descentralizadora. El presidente Arias limitó la concesión al segundo de los aspectos. La Comisión de estudio de implantación de un régimen administrativo especial para Vizcaya y Guipúzcoa fue creada el 7 de noviembre, aún en vida de Franco, diseñando unas autonomías provinciales para Guipúzcoa y Vizcaya de inspiración foralista, aunque no solicitó la devolución del Concierto, limitándose a pedir la derogación de la norma de 1937. El organismo de estudio descentralizador hizo su labor bajo el segundo gobierno Arias y primero de la Monarquía restaurada, bajo la dirección del vicepresidente Manuel Fraga, quien abogó por un gradualismo desde la provincia a la región. Pero fue el segundo gobierno de la Monarquía, presidido por Adolfo Suárez, quien implementó la petición de la Comisión en octubre de 1976, sin prejuzgar si tal medida supondría la devolución del Concierto. Y en marzo de 1977, desarrolló los organismos forales que detentarían el poder provincial en la futura descentralización. Pese a los intentos de las diputaciones, en manos de tradicionalistas y otros franquistas, el ejecutivo diseñó una arquitectura de poder autonómico provincial en el que las juntas generales servirían de contrapeso a las diputaciones ya forales, aunque se perpetuaron otras características foralistas en detrimento de la democracia, como la plus-representación rural y la indefinición de quiénes designarían a los junteros sin garantizar el sufragio universal. En junio, el mismo gabinete legisló sobre la organización de los organismos forales alaveses tras una negociación bilateral con la diputación de la provincia meridional Se instituyó un sistema electoral rígidamente indirecto, excluyendo el sufragio universal en la elección de los procuradores, así como se promovió la consolidación de una oligarquía provincial. Tal posicionamiento fue respaldado por uno de los nuevos actores políticos. El PNV vuelto del exilio recuperó la doctrina de los derechos históricos, como estrategia para conseguir la unidad de las cuatro provincias. Las elecciones de junio de 1977 permitieron la creación de una APV, de la que se excluyeron los seis parlamentarios navarros de la UCD, así como en un principio los tres alaveses de esa misma formación. Mientras los primeros, apoyados en esa estrategia por la carlo-franquista Diputación Foral de Navarra, lograron excluir al viejo reino del órgano preautonómico vasco, los segundos, apoyados por la Diputación Foral de Álava, consiguieron imponer su concepción confederal e igualitaria en el órgano unitario resultante de las tres provincias, sin respetar las diferencias poblacionales. El primer organismo regional vasco, tras cuatro décadas de dictadura, presentó así una concepción provincial, muy deudora de los planteamientos foralistas que desde julio de 1975 habían condicionado el debate descentralizador.