Evaluación y empoderamiento en los procesos de comunicación para el desarrollo

  1. DOMINGUEZ SAHAGUN, ANDRES
Dirigida por:
  1. Coral Hernández Fernández Directora

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Fecha de defensa: 04 de febrero de 2016

Tribunal:
  1. Miguel Angel Sobrino Blanco Presidente
  2. Concepción Anguita Olmedo Secretaria
  3. M. Victoria Campos Zabala Vocal
  4. Gustavo Palomares Lerma Vocal
  5. Roberto Aparici Marino Vocal
Departamento:
  1. Sociología: Metodología y Teoría

Tipo: Tesis

Resumen

Evaluación y empoderamiento en los procesos de Comunicación para el Desarrollo Atendiendo a las nuevas prioridades establecidas en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN, 1989), en las últimas dos décadas la cooperación internacional ha ido otorgando un peso creciente a proyectos de comunicación para el desarrollo orientados a aumentar la participación de la juventud en la vida pública (youth media) a través de medios de comunicación. Utilizando una gran variedad de metodologías que suelen incluir las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC), estos proyectos permiten a los jóvenes involucrarse en un proceso de Investigación - Acción participativa (IAP) mediante el cual pueden acercarse a diversos fenómenos sociales que les afectan directamente, buscar sus causas y consecuencias y, posteriormente, articular y difundir propuestas de solución que sirvan a su propio desarrollo. Impacto desconocido Precisamente la popularidad de los youth media ha puesto de manifiesto los riesgos y limitaciones que acarrean estos proyectos. Aspectos relacionados con la sobreexposición de menores a la atención pública, la manipulación de sus ideas y mensajes a favor de las instituciones financiadoras y ejecutoras, o la falta de protección de los derechos de los jóvenes durante su participación son algunos de los más comunes. En el actual contexto de la cooperación internacional, caracterizado por el aumento paulatino de donantes y entidades privadas que se rigen por una lógica de actuación instrumental y vertical, estos riesgos pueden verse agravados. Estas entidades tienden a ver los proyectos de comunicación no solo como una forma de ejercer su Responsabilidad Social Corporativa, sino también como una oportunidad para difundir sus agendas y mejorar su imagen pública. La aplicación de esta racionalidad instrumental sobre los youth media (normalmente basados en estructuras dialógicas y horizontales) puede limitar la calidad y el alcance de la participación y no contribuye a establecer un marco ético sólido que garantice la priorización de los intereses de los más jóvenes. En este contexto, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los youth media es justificar la razón de su propia existencia. En otras palabras, poder dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Al servicio de quién se implementan estos proyectos? y ¿qué beneficios aportan a los jóvenes involucrados y a sus comunidades? Para contestar a estas cuestiones, las ciencias sociales, especialmente desde sus enfoques más positivistas, se han preocupado más por medir el impacto que genera la exposición de una audiencia a un mensaje determinado y menos por observar los cambios que experimenta un sujeto al participar en un proceso de producción y difusión de información orientado a solucionar problemas que le afectan directamente. Contrastando con esta falta de interés, múltiples estudios de campo han descrito la existencia de un proceso de empoderamiento en los proyectos de IAP a través del cual los participantes desarrollan tanto su conocimiento del medio como sus habilidades comunicativas, lo que les permite alterar las relaciones de poder existentes a su alrededor. En otras palabras, el proceso parece contribuir a que aumenten ¿el control sobre sus condiciones socioeconómicas, sobre su grado de participación democrática y sobre las historias que les define. Hasta ahora, las dificultades encontradas para acotar este proceso ha dificultado el diseño y aplicación de indicadores que permitan valorar su calidad. En algunos casos, las entidades implementadoras tienden a menospreciarlo; en otros, lo dan por hecho, pues o bien implica una inversión de recursos humanos desproporcionada respecto al presupuesto disponible o las personas involucradas no tienen los conocimientos o la voluntad para evaluarlo.