Génesis y desarrollo de las asociaciones agrícolas y de propietarios territoriales en España

Resumen

La presente Tesis Doctoral ha fijado su estudio en la evolución de las sociedades y grupos de propietarios agrícolas, explicando el acceso de las mismas a los foros de influencia social, política y económica, observando los mecanismos utilizados por sus asociados para incorporarse a la mayoría de instituciones durante las distintas fases del liberalismo en España. El proceso articulador de asociaciones libres en el sector de la propiedad agrícola durante el siglo XIX en España, generó un movimiento suficientemente sólido que refuta la idea de inmovilismo y atraso en las sociedades rurales y productoras del campo en nuestro país. La constitución de asociaciones estuvo condicionada por la mayor capacidad de movilización de la gran propiedad agraria, surgida desde la aceptación del Arancel en 1820 y de los postulados defendidos durante el Trienio Liberal. Así, el proceso de creación de asociaciones de propietarios agrícolas hasta mediado el siglo XIX, se desarrolló según las necesidades que en relación a los intereses económicos manifestaban los medianos y grandes propietarios del país. Este desarrollo en la formación de sociedades agrarias con capacidad de movilización estuvo en consonancia con el vivido en otros Estados europeos, constatándose un ritmo similar al adquirido en las regiones españolas. Así, la Société des Agriculteurs de France o la Société Nationale et Centrale d¿Agriculture, creadas en 1867 y 1871, respectivamente, recordaban a las Sociedades Económicas de Amigos del País surgidas en España durante la segunda mitad del siglo XVIII. Otras, como la Associação Central da Agricultura Portuguesa, en 1860 o la Lega di defesa agraria en Italia, ya en 1885, nos recuerdan el interés existente en la segunda mitad del siglo XIX por aunar en asociaciones independientes a una gran parte de los terratenientes y propietarios agrícolas en Europa. En España, durante el siglo XIX, fueron la Sociedad de Agricultura del Ampurdán, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro en Barcelona, o la Sociedad Valenciana de Agricultura, todas ellas surgidas alrededor de 1850, las primeras en demostrar la viabilidad del asociacionismo agrícola en nuestro país. Con la llegada en 1868 de políticas económicas más liberalizadoras se produjo la aparición de asociaciones con un carácter más proteccionista, especialmente en Valladolid, en el año 1869, con el establecimiento de la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada, sociedad de grandes propietarios que llegó a reunir a más de 500 seguidores en torno a la defensa del cereal y de la producción de harina en las provincias de Castilla la Vieja y León. Los años setenta del siglo XIX dieron lugar a la creación, prácticamente de manera simultánea, de las Ligas de Propietarios y de las Ligas de Contribuyentes, iniciadas en las ciudades de Valencia y Cádiz, respectivamente, provocando importantes repercusiones entre las clases productoras y de propietarios agrícolas en contra de las iniciativas librecambistas. Asimismo, ello posibilitó la modernización y la aplicación de nuevas técnicas de cultivo, ya fuera a través de publicaciones, experimentos sobre el terreno, o mediante las llamadas granjas-escuela, estas últimas apoyadas por una burguesía agraria cada vez más asentada en la práctica totalidad de los municipios españoles. Finalmente, la capacidad asociativa de la propiedad rural en nuestro país llegó a repercutir en los sectores agrícolas, gracias a iniciativas tan heterogéneas como congresos, publicaciones, instituciones educativas, etc., siempre con la mirada puesta en la salvaguarda de unos intereses, la mayor de las veces sumidos en una economía colmada de desajustes estructurales y de gobiernos poco receptivos con los verdaderos «señores» rurales de la España decimonónica.