Actividades ilícitas contra el patrimonio arqueológico

Resumen

El ámbito de los bienes arqueológicos se encuentra en la actualidad, y desde un punto de vista jurídico, intensamente intervenido. Dieciocho leyes regulan el Patrimonio Cultural en nuestro país y un número elevado de normas (sobre delitos, ordenación del territorio, mecenazgo, urbanismo, propiedad, organización administrativa, Patrimonio Natural) inciden de manera significativa en su régimen jurídico. Dicho de otra forma: en ningún momento de nuestra historia han existido tantas normas con la finalidad de proteger y fomentar el mantenimiento y la conservación del Patrimonio Arqueológico ni un marco jurídico tan favorable, al menos teóricamente, para preservar los elementos de nuestro pasado. Sin embargo, en los medios de comunicación siguen apareciendo, de manera constante, noticias sobre atropellos contra la integridad de estos bienes y a los tribunales continúan llegando casos que ponen al descubierto los puntos débiles del sistema. El objetivo de esta tesis es analizar el actual régimen jurídico sancionador de los bienes arqueológicos y conocer cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance, desde el ámbito del Derecho admintrativo, para reaccionar cuando se realizan actividades dañinas contra bienes. Se trata, por consiguiente, de indagar en los instrumentos que nuestro ordenamiento jurídico recoge, con los que hacer frente a las actuaciones ilícitas contra el Patrimonio Arqueológico, y proponer medidas que acrecienten su protección. Como objetivo secundario se plantea la contextualización histórica del concepto y régimen jurídico del Patrimonio Arqueológico, esencial para comprender la regulación actual. En cuanto a la metodología, se parte de una idea principal (la posibilidad de introducir mejoras en la regulación del ámbito sancionador para hacer frente a los atentados contra el Patrimonio Arqueológico) y se contrasta con lso datos obtenidos de fuentes del Derecho, jurisprudencia y doctrina jurídica para obtener conclusiones. Además, se ha contado con la orientación de diferentes órganos administrativos que han facilitado información sobre la problemática que se les plantea en su quehacer diario y los mecanismos que utilizan para abordarla. El principal resultado obtenido con la investigación es la constatación de que existen aspectos concretos del régimen jurídico sancionador aplicable a los bienes arqueológicos que son mejorables, tanto a través de una reforma de las normas en vigor, como mediante la introducción de ciertas prácticas en las Administraciones Públicas que tramitan los expedientes sancionadores. Dichos resultados son esperanzadores, ya que, en general, las incorreccciones detectadas no suponen una quiebra del sistema y se pueden abordar sin excesivos problemas de implantación. La revisión del ordenamiento jurídico sancionador ha puesto de manifiesto las posibilidades de hacer más eficaz un sistema sancionador que, sin presentar graves problemas, no está lo suficientemente cohesionado ni probado en todas sus posibilidades. Además, necesitamos estudios que relacionen los avances jurídicos con otras medidas (políticas públicas, evaluación y seguimiento, integración de la ciudadanía en el cuidado de los bienes arqueológicos, etc.) para que tengan repercusión en la realidad.