Ordenación urbanística de los municipios litorales

Resumen

Siendo España una Nación con casi ocho mil km líneas de costa, sobre la que se localiza y concentra la mayor parte de la población, es obvio la importancia que reviste la ordenación urbanística de los municipios localizados en esa estrecha y pelicular franja de nuestro territorio. La Exposición de Motivos de la Ley 22/1988 de Costas ya señalaba que de los 7.880 km de la costa, el 24 por 100 corresponden a playas, con un patrimonio publico que se cifraba en aquel momento de unas 13.560 hectáreas. Con ello pretendemos destacar no sólo la transcendencia de un estudio sobre la problemática que engendra la ordenación urbanística de los municipios litorales, sino señalar desde un primer momento uno de los graves problemas que afecta a dicha ordenación, que no es otro que la concurrencia de numerosos intereses contrapuestos, desarrollo turístico, explotación de áridos, defensa nacional, protección ambiental y una larga lista , que no sólo se encuentran enfrentados en muchas ocasiones, sino que su tutela recae en manos de distintas administraciones, Estatal Autonómica y Local. Esta concurrencia de competencias constituye uno de los ejes de la tesis, que tratará de demostrar cómo a día de hoy, continúa siendo el mayor de los problemas que amenaza y entorpece la correcta planificación de la ordenación urbanística de litoral. Más recientemente la Ley 2/2013, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de 1988, y introduce importantes alteraciones sobre conceptos tan significativos como el propio concepto de las playas, o sobre la regulación de las concesiones, trata de enmendar algunas de las situaciones que se consideran abusivas con respecto a los propietarios afectados por los deslindes operados bajo la vigencia de la Ley de Costas de 1988, invocando para ello, entre otras justificaciones, el denominado Informe Auken del Parlamento Europeo, que viene a instalar a las autoridades españolas a modificar la Ley de Costas de 1988 a fin de proteger los derechos de los ciudadanos europeos propietarios legítimos de viviendas en la zona litoral. Otro de los objetivos ha sido defender, frente a las críticas, el modelo de planificación de algunos de los municipios turísticos de la costa.