La protección jurídica de las obtenciones vegetales

Resum

Es un estudio comparado de las legislaciones internacional, comunitaria, española y mexicana sobre protección jurídica de obtenciones vegetales. En el primer capítulo se hace un análisis de las características generales del sistema de propiedad industrial de variedades vegetales y el sistema de patentes. Esta tarea tiene como finalidad delimitar los supuestos en que estamos ante una invención en biotecnología vegetal -patentable- y una variedad vegetal -protegible por un título de obtención vegetal-. En el segundo capítulo, se efectúa un estudio detallado del régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales en el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, haciendo hincapié en la última versión de tal convenio, la de 1991. Por otra parte, se examina el régimen comunitario de protección de obtenciones vegetales partiendo del Reglamento CE 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales; su relación con otros tratados internacionales en materia de propiedad industrial; la estructura de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales; y, desgranando los aspectos del régimen jurídico para la protección de las obtenciones vegetales. Por último se pasa revista a los Reglamentos Ce 1768/1995 y 2605/1998 que regulan el privilegio del agricultor; así como las sentencias que ha emitido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el privilegio del agricultor. En el tercer capítulo se estudia la legislación española de obtenciones vegetales. El se inicia con la derogada Ley 12/1975 de 12 de marzo de protección de las obtenciones vegetales. Posteriormente se analiza a profundidad la vigente Ley 3/2000, de 7 de enero, de protección de las variedades vegetales. Se hacen algunas comparaciones con la legislación comunitaria para resaltar las coincidencias y las diferencias. En el cuarto capítulo se efectúa un estudio de la Ley Federal de Variedades Vegetales de México, comparándola co la legislación comunitaria y la española como base para realizar propuestas de reforma al ordenamiento mexicano.