El derecho a la información veraz en el caso Prestigeanálisis de la información sobre el caso Prestige 2002-2003

  1. AGUIRRE JORQUERA, VIRGINIA
Dirigida por:
  1. Fermín Bouza Álvarez Director

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Fecha de defensa: 20 de diciembre de 2007

Tribunal:
  1. Jesús Timoteo Álvarez Presidente
  2. Celeste Gay Fuentes Secretaria
  3. Antonio Alaminos Vocal
  4. Octavio Uña Juárez Vocal
  5. José Rúas Araújo Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 145517 DIALNET

Resumen

Esta investigación intenta dilucidar algunas interrogantes relacionadas con la información que las autoridades públicas españolas entregaron a los ciudadanos sobre la catástrofe ecológica, social y económica desencadenada tras el accidente del petrolero Prestige, ocurrido el 13 de noviembre de 2002, frente a la costa de Galicia. Con este fin analiza si la actuación de las autoridades del Gobierno se ciñó a las obligaciones institucionales de proteger el derecho fundamental de los españoles a recibir información veraz, y de procurar la difusión inmediata de todas las informaciones en su poder acerca de la real magnitud de la catástrofe, así como de la amenaza inminente de la contaminación del fuel sobre la salud de la población, el medio ambiente marino y sus recursos. Asimismo, examina la coherencia de la actuación de las autoridades que gestionaron la crisis con las potestades asignadas por la Constitución, y con el respeto debido a los principios jurídicos tales como los del interés general, de la buena fe, de la transparencia en la toma de decisiones y la obligación de rendir cuenta ante los ciudadanos. En ese sentido, verifica el cumplimiento del mandato constitucional de control sobre la actuación de las autoridades por parte de los Tribunales, las Cortes Generales y el Defensor del Pueblo, además del control social que requiere la participación informada de los ciudadanos. Y en cuanto al proceso comunicativo ejercido en el marco del derecho fundamental a las libertades informativas en el que participan gobernantes y gobernados, este estudio analiza las informaciones oficiales difundidas durante un año, contrastándolas con las de otras fuentes independientes, con el propósito de comprobar si las autoridades públicas asumieron la responsabilidad de entregar información veraz sobre el caso Prestige a todos los españoles o, por el contrario, transgredieron las normas de obligado cumplimiento.