La ordenación pública de las entidades de crédito

Resumen

En nuestro país, aunque la normativa bancaria continúa en buena medida dispersa, se han operado progresos fundamentales desde la integración en la UE a impulsos de la imprescindible transposición de las Directivas comunitarias. Ello ha supuesto la superación de una situación netamente corporativista, dotándose a la Administración crediticia de una amplia panoplia de potestades para asegurar la solvencia y estabilidad de las entidades de crédito. Sin embargo, la crisis financiera desencadenada en el verano de 2007 ha puesto en cuestión los principios sobre los que ha venido articulándose la regulación bancaria en las tres últimas décadas, al revelar la incapacidad de los supervisores financieros para anticipar los problemas que se estaban g estando en las entidades de crédito y, una vez desatados éstos, para contener sus efectos acusadamente contractivos sobre la economía real. La actual crisis financiera no ha sido causada por las deficiencias de la normativa y supervisión financieras . Sin embargo, estas deficiencias son muy reales y han propiciado y amparado prácticas viciosas que, en definitiva, han agravado la crisis. En este punto, resulta imprescindible un cambio radical de estrategia en lo relativo a las relaciones entre la autoridad supervisora y las instituciones supervisadas. Aunque la banca es ciertamente un sector altamente regulado, el axioma prevalente ha sido, y sigue siendo, que se trata de un negocio privado, cuyas decisiones puramente empresariales deben se r adoptadas sin interferencias de los poderes públicos. Sin embargo, cuando estas decisiones puramente ¿privadas¿ se prueban claramente erróneas, o aún gravemente irresponsables, gran parte de las pérdidas resultantes han de ser asumidas por el contribuyente; por ello, no parece razonable mantener un estado de cosas en el que la sociedad sea un mero espectador pasivo de estrategias bancarias que pueden comprometer cantidades ingentes de fondos públicos, por otra parte siempre insuficientes, en perjuicio de otras necesidades sociales y de los propios servicios que el Estado social moderno está llamado a prestar. Dado que no resulta viable ¿dejar caer¿ a las entidades de crédito (las posibles dudas han quedado resueltas por los catastróficos efectos de la quiebra de Lehman Brothers), la única alternativa viable a la nacionalización pasa por un reforzamiento de la función de regulación de la actividad bancaria, con la finalidad de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero...