Un Estado transparente para una profesión de servicio

Resumen

La protección de datos y el acceso transparente a la información de utilidad pública guardan en las democracias más avanzadas un sano equilibrio. España,sin embargo, con Chipre y Luxemburgo constituye la tríada excepcional de Estados europeos sin una ley de acceso a la información. Nuestra anomalía no es tanto carecer de una ley específica, ya que la Ley de Procedimiento Administrativo y otras contemplan algunas posibilidades de acceso, sino que todo nuestro entramado legal está sometido al principio superior, absoluto y absolutista, de la protección de la intimidad. Tal exceso sirve de coartada al silenciamiento de la corrupción y al paternalismo arbitrario del Estado, que implica además una lectura antidemocrática de nuestra Constitución: si la intimidad es un derecho fundamental, también lo son el derecho a la información, la igualdad ciudadana o la seguridad jurídica; los conflictos entre ellos requieren la determinación de prioridad relativa según interpreten los jueces. Muchos periodistas españoles simpatizan con esa hiperprotección de los datos porque el terror al Gran Hermano vigilante les hace perder de vista que la intimidad de un funcionario corrupto debe ceder ante el conocimiento y reparación pública de la irregularidad.El ejercicio periodístico queda muy debilitado sin un acceso legalmente reconocido a la información que garantiza la transparencia de los asuntos públicos. Lo público y lo privado siguen siendo en España conceptos que requieren un ajuste democrático y una pedagogía ciudadana.