La política de drogas en España y Países Bajosun análisis comparado desde la perspectiva neo-institucionalista

Resumen

Esta investigación cualitativa tiene como objetivo explicar a qué se deben las diferencias entre las políticas de drogas de dos casos, uno típico, España, y otro único, Países Bajos. He utilizado el método comparativo con estos dos estudios de caso con la finalidad de indagar en los determinantes políticos que han llevado, por un lado, a España a implementar una política pública similar a la de otros países, y por el otro, a Países Bajos a elaborar una política de drogas con elementos únicos y diferentes al resto de naciones. Esto no quiere decir que los dos casos de estudio sean completamente disimilares: ambos poseen características comunes en sus respectivas políticas y forman parte de un mismo marco supranacional, como es la Unión Europea. Las políticas de drogas actuales, en la mayoría de los países, tienen su origen en un proceso político a nivel internacional que comenzó a principios del siglo XX. Este ha evolucionado a lo largo de las décadas hacia un modelo basado en la prohibición punitiva de conductas relacionadas con ciertos consumos de determinadas sustancias. El actual marco internacional en materia de drogas, construido a partir de los años 60 del pasado siglo, es de obligado cumplimiento por parte de los Estados con base en el Derecho internacional. Todos los países que se adhieren a los convenios internacionales de fiscalización de drogas deben cumplir sus disposiciones y adaptarlas a sus propios marcos legislativos nacionales. En este punto se centra el análisis político de la investigación, señalando a las instituciones y actores políticos que han participado en el proceso político y han contribuido a que el resultado de la toma de decisiones sea distinto ante un mismo marco de referencia. Este está estructurado según unas disposiciones que son más concretas y rígidas que en otro tipo de tratados internacionales. Utilizando el enfoque del neo-institucionalismo histórico se puede explicar el papel que tienen las instituciones políticas, como el Parlamento, las elecciones, las comisiones de expertos o el Tribunal Supremo en la elaboración de la política de drogas, aunque el Estado se sitúa en el centro del análisis político. Los actores políticos, como el Gobierno, los grupos parlamentarios, los partidos políticos, los expertos, los medios de comunicación, los movimientos sociales, los grupos de presión, los organismos internacionales y los gobiernos de terceros países con influencia sobre los casos de estudio, son determinantes en la elaboración de la respuesta gubernamental ante los problemas derivados del fenómeno social de las drogas. Estos procesos políticos están caracterizados por coyunturas críticas en las que se define el camino de la política y la evolución de la sociedad en cada caso de estudio. En las instituciones y actores políticos implicados en la formación de esta política pública se encuentra la raíz de las diferencias que existen entre los marcos políticos español y holandés en materia de drogas. En el primer caso, hay que destacar la influencia de actores políticos internacionales; mientras que en el segundo, ha sido determinante el papel de las comisiones de expertos, institucionalizadas como una herramienta del Gobierno para la resolución de conflictos políticos y sociales desde principios del siglo XX. Estas explican tanto el rumbo de su política de drogas como el origen de la divergencia legislativa entre los dos casos analizados, siendo decisiva la Comisión Baan por establecer el camino.