Luces y sombras en la reforma de OPAs: el papel de la Junta General en relación con las medidas defensivas

Resumen

Tras años de espera y de intensos debates en el seno de la Unión Europea, la Directiva de OPAs vio finalmente la luz en abril de 2004. La Directiva pretendía establecer un marco normativo común a los Estados miembros al mismo tiempo que adoptaba medidas tendentes a facilitar o fomentar la formulación de OPAs. Los dos pilares fundamentales sobre los que se asienta el nuevo marco jurídico son: el deber de pasividad de los administradores y el principio de neutralización. En definitiva, la Directiva pretendía eliminar los obstáculos que proliferan en los mercados europeos y que condicionan o limitan de manera severa la formulación de una OPA, al ser escasas las posibilidades de que ésta tenga éxito. No obstante, esa finalidad se ha visto en parte desvirtuada como consecuencia de la introducción de un régimen opcional que deja en manos de los Estados miembros (o incluso de las propias sociedades cotizadas) aspecto esenciales de la regulación de las OPAs. España ha procedido recientemente a adaptar su régimen legal en esta materia. En relación con el deber de pasividad, el artículo 60 bis LMV establece que durante el período de aceptación de la oferta, los administradores deben recabar la autorización previa de la Junta para la realización de cualquier operación susceptible de frustar la operación. Se trata de una medida tendente a proteger a los accionistas asegurando que sean éstos quienes realmente decidan acerca del futuro de la compañía. La obligación de recabar la autorización de la Junta se extiende a las medidas o decisiones adoptadas con anterioridad a la formulación de la oferta pero aún no ejecutadas totalmente. En definitiva, se trata de asegurar que la decisión última sea adoptada por los accionistas. Este trabajo intenta analizar la distribución de poderes en la sociedad opada, concretamente, el poder de los administradores y los derechos de los accionistas