¿Revolución o Reforma Ciudadana?participación social y procesos de transformación política en Ecuador

Resumen

Desde la década de los setenta, durante el siglo pasado, el concepto “participación” adquirió un inusitado protagonismo, en total consistencia con el rol sociopolítico desempeñado durante esos mismos años por las clases y grupos socialmente menos favorecidos, especialmente campesinos, indígenas, femeninos, sindicales y estudiantiles. Los distintos colectivos se encontraban en pleno crecimiento organizativo y demandaban una mayor participación en espacios de decisión colectiva y en la distribución del poder. Sin embargo, a pesar de toda esa efervescencia participativa inicial, desde aquellos activos años hasta nuestros días, como balance de conjunto, es poco lo que se ha seguido avanzando al respecto en la mayor parte de países latinoamericanos. Las democracias directas y populares han desaparecido por completo, observándose además un acelerado decrecimiento de otras opciones políticas con énfasis participativo horizontal. Y diversos modelos de democracias postneoliberales, especialmente en Sudamérica, están entrando en una fase de crisis, planteándose fuertes divisiones y contradicciones desde sus propias bases. Al mismo tiempo, nuevos actores sociales han hecho su ingreso en la escena sociopolítica pero con muchas restricciones de actuación impuestas de antemano. Los límites que dichos actores encuentran a su participación se localizan, por lo general, en restrictivos modelos de democracia representativa donde su rol principal es desempeñado, en el mejor de los casos, en calidad de votante/cliente. Los grandes intereses colectivos mayoritarios parecen diluirse en un entramado de intereses de reducidos grupos oligárquicos, no encontrando la debida atención, ni mucho menos un claro propósito de defensa, por parte de sus respectivos gobiernos. Hasta el año 2015, en la mayor parte de países sudamericanos se habían dado importantes procesos de recuperación económica, luego de transcurrir algunas décadas “pérdidas” en las cuales la recesión, la crisis permanente y el desempleo eran la pauta cotidiana. En términos generales, las condiciones de vida de la población mejoraron significativamente durante dicha recuperación, reduciéndose en importantes márgenes los índices de pobreza, extrema pobreza e inequidad en la región más desigual del planeta. Un serio cuestionamiento a los lineamientos básicos del Consenso de Washington y a la dinámica socioeconómica neoliberal en general acompañó esta recuperación económica, transformándose radicalmente el discurso y la práctica política desde las propias estructuras de poder características de los países ubicados en esta parte del continente americano. Como reacción espontánea ante aquel complejo panorama, a inicios del siglo XXI en algunos países de América del Sur empezaron a surgir y/o a consolidarse diversos y novedosos modelos de participación política ciudadana y movilización social a través de los cuales colectivos de poblaciones socialmente vulnerables, anteriormente excluidos de los procesos nacionales de toma de decisiones (tales como mujeres, niños y niñas, adolescentes, minorías étnicas, adultos y adultas mayores, población discapacitada, etc.) experimentaron, en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay o Venezuela, rápidas reconfiguraciones en su quehacer sociopolítico y sus niveles de representatividad. Estos acontecimientos marcaron un importante hito histórico en la región ya que en las décadas previas las luchas de reivindicación social, el protagonismo económico-político y el ejercicio efectivo del poder habían sido monopolizados tanto por los grupos económicos hegemónicos y los partidos políticos tradicionales en cada uno de estos países, durante los años de democracia, como por las respectivas juntas militares y sus aliados, en tiempos de dictadura. De manera consistente con este escenario, durante los primeros años del nuevo siglo, los partidos y agrupaciones políticas en general están desarrollando una nueva etapa de su historia, caracterizada por una severa crisis de deslegitimación y una enorme pérdida de espacios protagónicos tradicionales, debido en gran parte al desencanto producido en la población por sus fracasadas gestiones previas, los altos niveles de corrupción y, en muchas oportunidades, por su claro desinterés por el bienestar de los habitantes de sus respectivos países, en especial de estos sectores poblacionales más vulnerables. De esta forma, progresivamente se está cambiando de manera radical el rostro de las luchas reivindicatorias por los derechos fundamentales y el ejercicio político en general, surgiendo nuevos e inesperados liderazgos. Uno de los países que ha mostrado mayores cambios estructurales y, al mismo tiempo, importantes logros en reducción de la pobreza, de la desigualdad social y de crecimiento económico es Ecuador, pequeña nación sudamericana que en los años anteriores al inicio de su actual proceso de transformación, emprendido desde 2007, tuvo un largo periodo de crisis e inestabilidad. Con la llegada de la denominada Revolución Ciudadana, se inició un importante proceso de cambio social, consecuencia de duros años de lucha, ingobernabilidad y desestabilización previas. Una nueva Constitución Política del Estado, el surgimiento de nuevos actores sociales y una nueva forma de ejercer los derechos y la democracia marcaron irrevocablemente el contexto nacional. A lo largo de dicho proceso de transformación, los distintos movimientos sociales fueron adquiriendo variados tipos de protagonismos y ejerciendo de formas peculiares las cuotas de poder que les eran concedidas. Las masivas manifestaciones populares que han caracterizado algunos importantes hitos de la historia ecuatoriana, especialmente aquellos ocurridos durante los últimos veinticinco años, nos podrían hacer pensar que existe una fuerte capacidad de convocatoria y movilización por parte de su ciudadanía en la lucha por sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Sin embargo, dicha capacidad movilizadora no se presenta de manera uniforme tanto en los diversos colectivos sociales como en los variados periodos históricos que les ha tocado vivir. Exceptuando la participación del movimiento sindical inicialmente y posteriormente la de los movimientos indígenas, la presencia sociopolítica activa del resto de colectivos ha sido coyuntural e intermitente. Aunque la Constitución de 2008 abrió importantes espacios de participación ciudadana y control social desde la sociedad civil, aún no se notan mejoras significativas en la dinámica participativa sociopolítica y en el empoderamiento efectivo de la ciudadanía, concebida como una gama de colectivos diferenciados en un Estado pensado y gestado, al menos teóricamente, como plurinacional e intercultural. A la par, se incrementa la incertidumbre en torno al auténtico protagonismo de las clases medias ecuatorianas, especialmente aquellas afincadas en las principales ciudades del país (Guayaquil, Quito y Cuenca), en el proceso de transformación social, y la importancia que han tenido los intereses de este grupo social en la definición de los programas políticos de Alianza PAIS y en su modelo de socialismo. En los últimos meses, la situación se ha complejizado aún más con la aparición de casos de corrupción que parecen involucrar a las más altas autoridades del partido de gobierno, Alianza PAIS, junto con divisiones en líneas y opción de políticas específicas en relación con el resto de actores de la sociedad ecuatoriana, en especial con aquellos con los que hubo mayores situaciones de conflicto (grupos opositores, ecologistas, movimiento indígena, partidos marxistas-leninistas, entre otros). Actualmente, se ha generado un quiebre entre dos estilos de gobierno, dos concepciones distintas del proceso de cambio, personificados en las personas de Rafael Correa Delgado, iniciador de la Revolución Ciudadana, y Lenin Moreno Garcés, continuador del proceso y actual presidente de la República de Ecuador. En este contexto, urge hacer una revisión de lo alcanzado hasta el momento, los aciertos y errores cometidos, para poder capitalizar la experiencia y extraer de ella las buenas prácticas y lecciones aprendidas que sean necesarias. El análisis que presentamos en esta Tesis ofrece orientaciones en torno a la dinámica participativa en Ecuador vista desde los colectivos sociopolíticos más representativos, la construcción de modelos de cambio social y de ciudadanía en estos procesos de ejercicio democrático y la efectividad de los enfoques y mecanismos participativos implementados desde los gobiernos de la Revolución Ciudadana. Para ello, responde a preguntas guía como: ¿qué nivel de influencia real tienen estos nuevos protagonismos de grupos sociales tradicionalmente excluidos en los procesos de transformación sociopolítica y económica nacional y regional?, ¿cómo se dio este emergente protagonismo, bajo qué condiciones y con qué particulares características?, ¿cuáles son los espacios privilegiados en los cuales dichos grupos ejercen mayor incidencia pública?, ¿cuál ha sido el nivel de influencia efectiva de dichos grupos socialmente vulnerables tanto en los procesos de transformación del Estado y la sociedad ecuatoriana, como en la generación de un modelo propio de socialismo?, ¿cuáles han sido los principales factores internos y externos que han propiciado dichos cambios?, ¿qué lugar ocupan actualmente estos grupos en la nueva escena sociopolítica en Ecuador? Entre las principales conclusiones de la Tesis, de acuerdo a la evidencia oficial proporcionada por el propio gobierno ecuatoriano, así como por la recogida a través de diversos organismos privados de análisis político en la región latinoamericana, la participación política ciudadana realizada desde las organizaciones y movimientos sociales en Ecuador sigue siendo bastante baja, observándose en términos generales un reducido capital social organizativo e institucionalizado. Un estudio especializado de la SENPLADES (“Tendencia de la participación ciudadana en el Ecuador”, 2011) nos muestra un índice total de participación política ciudadana en interfaces socio-estatales de 3,07%. Al parecer, en los años que lleva la Revolución Ciudadana generando cambios en el país, no se han encontrado los mecanismos adecuados para integrar a la población organizada en los procesos clave para la toma de decisiones estratégicas ni tampoco la propia población ha sabido aprovechar adecuadamente los variados espacios existentes que, en términos formales, se ofrecen desde el Estado y la misma sociedad civil para fomentar dicha participación, concebida constitucionalmente como un derecho. En términos de la propia SENPLADES, “la ciudadanía está alejada de espacios colectivos de socialización y de asociatividad” sobre todo si éstos van dirigidos a realizar actividades de incidencia política. La razón fundamental por la cual existe esta seria crisis organizativa es porque no se ha contado con un real estímulo desde el Estado para que los movimientos sociales se fortalezcan. Por el contrario, se ha dado una dinámica beligerante y bloqueo que ha dificultado el desarrollo integral de mecanismos de democracia participativa. La escasa participación política ciudadana que existe se da principalmente a través del sufragio y de la asistencia a espacios informativos con algunos componentes de interlocución, exposición de opiniones y transferencia de sugerencias. La relación entre el gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales, especialmente con los indígenas, se ha dado en términos de confrontación. Los fundamentos en los que se sostiene dicho desencuentro, contrariamente a lo que en un primer momento puede argumentarse, son principalmente de orden económico. Una mayor participación política ciudadana asignaría un poder tal a la población, especialmente a la indígena, que sería capaz de desviar el sentido actual de la toma de decisiones, orientadas a la promoción del modelo extractivista. Por esta razón, las diferencias de concepción expuestas por el gobierno ecuatoriano en torno al modelo de desarrollo impulsado desde el Sumak Kawsay carecen de un auténtico trasfondo político o ideológico. Se trata, fundamentalmente, de diferencias en las propuestas de desarrollo económico del país.