Constitución democrática y control jurisdiccional de constitucionalidad
- SURIANO CORRALES, RAMÓN
- Raúl Leopoldo Canosa Usera Director
Universitat de defensa: Universidad Complutense de Madrid
Fecha de defensa: 28 de de juny de 2002
- Pablo Lucas Verdú President
- María José Falcón Tella Secretària
- Alberto Pérez Calvo Vocal
- Francisco Fernández Segado Vocal
- Javier García Fernández Vocal
Tipus: Tesi
Resum
El trabajo de investigación elabora inicialmente 2 hipótesis de investigación. La primera relacionada con el problema de las fuentes de la fuerza normativa de la Constitución. Y, la segunda, con el problema de los medios o instrumentos que garantizan la reproducción democrática del sistema constitucional. Conforme al primer problema, la tesis elaborada dice: que la fuerza normativa de la Constitución tiene como fuente la voluntad racional de los destinarios que estos otorgan en condiciones de libertad. Y, conforme a la segunda, la tesis elaborada dice: que es la participación política y social en condiciones de igualdad de los individuos en el sistema político el medio que garantiza el desarrollo democrático del sistema constitucional. Resultando ambas hipótesis verdaderas, a la luz de la aplicación de la teoría contemporánea del discurso racional, la nueva hipótesis se afinca en el problema acerca de las posibilidades de su aplicación en un sistema estatal caracterizado por la clausura de los canales de participación sociales y políticos, como es el caso vigente en México. Las hipótesis serán de ahora en adelante, en primer lugar, que la Justicia constitucional, en aquel marco histórico, constituye la última garantía contra la clausura democrática del sistema político; y, en segundo lugar, que la interpretación que considera a la Constitución como una norma que tutela el proceso democrático refuerza en un sentido positivo la labor de la Jurisdiccional constitucional, en su labor de garantía constitucional contra la clausura antidemocrática del sistema. La Jurisdicción constitucional como garante contra la clausura democrática del sistema, tiene como deber garantizar la apertura de los canales de participación política de toda la ciudadanía y, sobre todo, garantizar que los grupos más desfavorecidos no resulten afectados, en ningún caso, por decisiones políticas o jurídicas que, ya sea directa o indi