Los efectos de las sentencias emitidas por el tribunal de justicia en el ámbito de la devolución de los impuestos indebidos y la responsabilidad patrimonial del Estado

Resumen

El objeto de mi tesis doctoral es la restitución de los impuestos indebidos como consecuencia de que una norma Española haya sido declarada contraria al Derecho de la Unión Europea o a los preceptos constitucionales. Dicha devolución puede obtenerse por dos vías esencialmente, el procedimiento de devolución de ingresos indebidos y la responsabilidad patrimonial del Estado; sin dejar de tomar en cuenta que existe una tercera opción, que consiste en ejercitar el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez agotados todos los recursos nacionales que el interesado tenga a su alcance. Estos temas plantean no pocas dudas en cuanto a su naturaleza, sus características, su reconocimiento, los procedimientos para su ejercicio, los plazos de prescripción para la solicitud de los mismos y otros más, que espero haber resuelto en la presente investigación. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son testimonio de la importancia de este tema, pues un número considerable de casos que se le plantean en materia tributaria, son relativos a la devolución de los ingresos indebidos y a la responsabilidad patrimonial del Estado, como consecuencia de la incompatibilidad de tributos nacionales con el Derecho de la Unión; asuntos en los cuales se han sentado las bases y los lineamientos generales para que los particulares puedan solicitar el reconocimiento de su derecho a la devolución. Ciertamente, ha sido mediante la acción jurisprudencial del Tribunal de Luxemburgo, complementada por la aplicación de los principios generales del Derecho interno que han realizado los tribunales nacionales, como se ha construido una doctrina de la restitución de la situación jurídica de los obligados tributarios afectados por algún tributo ilegal. Así, son múltiples las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que se ha condenado a España por considerar que determinados preceptos de naturaleza tributaria resultaban incompatibles con el ordenamiento de la Unión Europea y un ejemplo muy reciente de ello, es la sentencia de 27 de febrero de 2014 (asunto C-82/12, Transportes Jordi Besora, S.L. c. Generalitat de Catalunya). En esta sentencia, el TJUE determinó que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario), que se creó por el artículo 9 de la Ley 24/2001 para contribuir a la financiación de las nuevas competencias de las Comunidades Autónomas sobre la sanidad, es contrario a la Directiva relativa a los impuestos especiales, ya que no puede considerarse que tal impuesto tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente. Asimismo, el juez europeo negó la limitación de los efectos temporales de su sentencia, por lo que el Estado español deberá realizar la devolución de este tributo, cuya recaudación estimada durante su vigencia -del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2012-, es de 13.000 millones de euros, lo que denota la importancia de este tema para la Hacienda Pública. Por otra parte, aunque actualmente resulta pacífico admitir que no se puede concebir un Estado de Derecho que no garantice la responsabilidad patrimonial del Estado, esta materia no está exenta de controversia. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo, ha asumido una postura de reconocimiento en el sentido más amplio de este principio, postura que en mi humilde opinión, resulta de vanguardia y adecuada para un Estado democrático como España.