Legitimidad y crisis del régimen político en Colombia(1991-2007)

Resumen

En la Constitución Colombiana, se constatan las razones por las cuales el Estado es el resultado directo de la aplicación de una Constitución que a su vez es la resultante de la aplicación de una ideología o forma de concebir la ley, en este caso a través del derecho constitucional y el Estado, a través de las ciencias políticas, a consecuencia de que la ideología es el sustento de la Constitución que define la existencia de un Estado. En ambos casos, la soberanía depende del pueblo, representado en el proceso de refundación a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que necesariamente tiene que ser originaria. Esto indica que deberá tener la potestad de constituirse en el poder supremo que pueda sustituir totalmente la Constitución Con estos lineamientos como punto de partida, en cada uno de los cuatro capítulos de la Tesis Doctoral, se analizan distintos elementos de la situación colombiana, la legitimidad del Estado y de las instituciones, los fundamentos ideológicos y filosóficos de la construcción de un nuevo Estado legítimo y verdaderamente democrático (capítulo 1º), la política social del Estado (capítulo 2º), los derechos humanos, la guerra, la paz y el paramilitarismo en Colombia (capítulo 3º) y la refundación de la política y del Estado (capítulo 4º). El nuevo Estado colombiano, cuya formulación se enriquece debe desarrollar una verídica y efectiva gestión basada en los principios de la equidad, de la eficiencia, de la transparencia, y de la democracia, concebida la función del servicio al ciudadano, en el marco constitucional de Estado social de Derecho, democrático, descentralizado, multipartidista, pluricultural y participativo . La institucionalidad estatal y el régimen político y administrativo deben responder concreta y directamente a estos principios y características políticas fundamentales. La planificación, la regulación, el control de la gestión de las inversiones, de la economía y de las políticas públicas, deberán garantizar la seguridad, la estabilidad, el pluralismo y la participación democrática del ejercicio político estatal y el desarrollo estratégico de los proyectos del régimen político administrativo, de tal manera que pueda garantizarse la prevalencia del interés general. El logro y cumplimiento de estos propósitos requiere una reforma estructural del Estado y de su régimen político institucional. Esta reforma debe corresponder a una descentralización federalizada, en el marco de una verdadera política de participación y apertura democrática. La descentralización debe ser orgánica, efectiva, funcional y concreta. Debe establecerse una relación política, donde las regiones y departamentos definan sus propias estrategias, con base en el pluralismo y la participación ciudadana; manejen sus propios presupuestos; organicen y desarrollen sus propias relaciones, sus propios proyectos y ejerzan sus propias políticas públicas y administrativas; y donde la política nacional sólo ejecute grandes proyectos estratégicos