El mercado de carbono y los impuestos verdes como instrumentos jurídicos de política económica frente al cambio climático y sus efectos en la industria colombiana

Abstract

El Acuerdo del Clima de París (ACP), es una herramienta jurídica de carácter supranacional y vinculante para las partes firmantes (174 países más la Unión Europea), ubicada dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Tiene como finalidad la disminución de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como el desarrollo de planes de adaptación y mitigación de este fenómeno global, la implementación de nuevas tecnologías y la transferencia de las mismas. Este Acuerdo es el más ambicioso firmado a nivel mundial en materia de Cambio Climático, como consecuencia de la creciente preocupación que tienen la mayoría de los gobiernos del mundo, la sociedad civil y la comunidad científica entorno a este fenómeno, pues si continúa aumentando la temperatura media global las consecuencias serán perjudiciales para la especie humana, así como para otras especies y los ecosistemas en general. La economía de los países se vería gravemente afectada pues generaría pérdidas permanentes en el PIB de las naciones del mundo. Las bondades de implementar políticas públicas contra el Cambio Climático se ven reflejadas en las Constituciones y Leyes de la mayoría de los Estados del planeta, siendo una necesidad inherente de todo ordenamiento jurídico. La puesta en marcha del Mercado de Carbono en el Protocolo de Kyoto (herramienta legal de carácter supranacional desarrollado dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático), el cual tiene como objetivo regular el Mercado de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, ha generado unas figuras interesantes a nivel jurídico y económico, siendo conveniente para el ambiente, las comunidades, los gobiernos y los particulares intervinientes en un negocio que para el año 2015 generó $597,7 billones de dólares tan sólo en bonos verdes (De acuerdo con Environmental Finance, 2016). De otro lado, los Impuestos Verdes son considerados de acuerdo a múltiples publicaciones, un instrumento jurídico de política económica eficaz contra el Cambio Climático, el cual ha sido adoptado por buena parte de las naciones del mundo, siendo reconocido como una buena práctica de gobierno por parte de organizaciones como la OECD. El recaudo ocasionado por estos impuestos es mayoritariamente destinado a la protección del ambiente y su conservación, así como para la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Este gravamen aumenta los ingresos fiscales, fortaleciendo las finanzas públicas de los países en los que es utilizado. En Colombia, el Mercado de Carbono así como los Impuestos Verdes son una novedad; a partir de la Constitución de 1991 empezó a tener relevancia el ambiente en el ordenamiento legal colombiano, por lo que la aplicación de estas dos figuras en el país es escaza. De otro lado existe una gran preocupación por parte de los empresarios pues consideran que los impuestos verdes podrían afectar su crecimiento financiero así como sus utilidades. La más reciente reforma tributaria de 2016 ha despertado aún más esta preocupación por parte de los gremios empresariales, ya que el gobierno ha decidido poner un impuesto verde a la gasolina, el cual podría generar inflación y aumento de precios, lo cual sería nefasto para una economía como la colombiana basada principalmente en los ingresos obtenidos por los commodities los cuales han venido a la baja en los últimos años. El Mercado de Carbono es una realidad jurídica y económica reciente, que apenas empieza a verse como una realidad en Colombia y que podría ser un instrumento jurídico de política económica eficiente, pero sobre el que no se ha profundizado en el país, pudiendo ser una alternativa positiva para el portafolio de inversiones de la nación y de las empresas.