Entes colectivos y administradoresaproximación a un sistema de responsabilidad penal concurrente

Resumen

La tesis aborda el problema de la atribución de la responsabilidad penal a los entes colectivos (personas jurídicas, empresas u organizaciones) y, más específicamente, se aproxima a una delimitación político-criminal y una fundamentación teórica de un sistema dual de incriminación penal de los sujetos colectivos, con unos criterios de imputación objetiva y subjetiva desarrollados con carácter autónomo a los que corresponden a las personas físicas que forman parte de estos. El tratamiento de esta segunda cuestión resulta trascendental, no sólo en el plano teórico, debido al número creciente de ordenamientos jurídicos que acogen en algún tipo de regulación penal contra las personas jurídicas y otros colectivos. España se ha incorporado recientemente a este listado de países, con una reforma ya aprobada, la LO 5/2010, de 22 de junio, que ha entrado en vigor el 23 de diciembre de 2010 Los cambios sociales, económicos y técnicos que caracterizan a la globalización han propiciado la asunción de nuevos retos político-criminales y dogmáticos para la disciplina penal, entre los que se encuentra el relativo a la determinación del sujeto penalmente responsable. Esta cuestión afecta tanto a la individualización de la responsabilidad penal de la persona física por delitos cometidos en el seno de estructuras organizativas, especialmente en relación con la figura del administrador societario, como en la posibilidad de articular una respuesta punitiva contra la propia entidad, por los menoscabos a bienes jurídicos que surgen de esta. Metodológicamente, se ha accedido al objeto de estudio a partir del Derecho positivo de tres países (España, Alemania y Francia) para, a través de la doctrina y, en su caso, la jurisprudencia sobre la materia, detectar los aspectos problemáticos que plantea la fundamentación teórica de un sistema de incriminación aplicable a los entes colectivos. A partir de este análisis, se pretenden obtener algunas conclusiones, así como ofrecer una propuesta de desarrollo aplicable en el Derecho penal español. El trabajo se estructura en tres partes. Los capítulos I, II y III se dedican al alcance y asignación de la responsabilidad penal a las personas físicas por los delitos cometidos en el marco de estructuras organizativas como son los entes colectivos, labor fundamental debido a la íntima conexión que media entre las vías de sanción existentes para las personas jurídicas y la actuación de sus representantes. En la segunda parte, los capítulos IV, V y VI se adentran en las vías existentes para imponer sanciones a las personas jurídicas y otras agrupaciones de personas, tanto en el plano de la discusión teórico-doctrinal, como de la mano de la regulación positiva de Alemania y Francia. En la última parte, capítulos VII, VIII y IX, el estudio se centra en el ordenamiento jurídico-penal español, tanto en la situación legislativa previa a la LO 5/2010, como en la solución que el legislador penal español ha dado a esta cuestión por medio de esta reforma, conforme a los arts. 31 bis y 129 CP. Junto a esta labor, se aborda la aproximación particular que esta investigación da a la punibilidad de los entes colectivos, conforme a una doble perspectiva político-criminal y teórico-constitucional.