La reestructuración del sector financiero en Españaanálisis de las medidas de política económica aplicadas durante el período 2009-2013

Resumen

La crisis financiera generada a nivel mundial ha sido protagonista de las dos primeras décadas del siglo XXI. Su inicio se sitúa en el año 2007, aunque su intensificación se produce tras la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Durante el desarrollo de esta crisis financiera, y ante la gravedad de la misma, muchos estados de todo el mundo se han visto obligados a rescatar sus sectores financieros. Los recortes realizados en diversas partidas del gasto público, como consecuencia de las necesidades de capital de la banca, generaron cierto malestar en la población. Por ello, han ido surgiendo voces en contra de la inyección de dinero público a entidades financieras. Esto nos lleva a plantearnos varias preguntas: ¿Ha sido mejor la opción de inyectar dinero público a las entidades o quizá hubiese sido mejor dejarlas quebrar de manera controlada? ¿Podría el Estado haber hecho frente a los depósitos de esas entidades en caso de quiebra, a tenor de su situación patrimonial en los últimos años? ¿Puede la morosidad causar la quiebra de alguna entidad? ¿Cómo reaccionó el Estado español frente a la crisis económica y financiera que se desarrolló a nivel mundial? ¿Qué tipos de medidas se aplicaron en el sector financiero? A lo largo de esta tesis responderemos a estas cuestiones centrales del proceso de reestructuración vivido por nuestro sector bancario. Por lo tanto, este trabajo se centra, especialmente, en la reestructuración llevada a cabo en nuestro sector financiero y en las medidas de política económica aplicadas durante el período 2009-2013. Analizaremos cómo era el mapa financiero español anterior a la crisis, cuál es su situación actual y qué tipo de medidas se han tomado para ayudarle en su reforma. Asimismo, algunas de las medidas de política económica adoptadas, algunos rescates bancarios realizados y la resolución de algunos problemas como el de las preferentes, nos han obligado a plantearnos si estas medidas han sido las adecuadas en términos del bienestar común.