El estatuto constitucional del desplazado interno en Colombia
- Sánchez Mojica, Beatriz Eugenia
- Luis Peral Director/a
- Pablo Pérez Tremps Director
Universidad de defensa: Universidad Carlos III de Madrid
Fecha de defensa: 27 de marzo de 2008
- Luis Aguiar de Luque Presidente/a
- Fernando Mariño Menéndez Secretario/a
- Javier Díez-Hochleitner Rodríguez Vocal
- Elisa Pérez Vera Vocal
- Hernando Valencia Villa Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
La política colombiana de atención a los desplazados internos, integrada por la ley 387 de 1997, sus decretos reglamentarios y las decisiones que en la materia ha adoptado la corte constitucional, se inspira en el modelo de respuesta a los éxodos forzados internos propuesto por la organización de naciones unidas. Este se cristaliza en los principios rectores del desplazamiento interno, cuerpo normativo de soft law que señala la obligación de los estados de dispensar un trato especial y prioritario a estas poblaciones, en aras de garantizar sus derechos mas esenciales y evitar que crucen una frontera internacional, convirtiéndose en refugiados. La especial vulnerabilidad de los desplazados constituye el argumento central que justifica el tratamiento diferenciado que deben recibir. La política colombiana no es un calco de esta propuesta, ya que limita el concepto de desplazado tan solo a quienes huyen a causa del conflicto armado interno que se desarrolla en el país, más adopta sus objetivos básicos: La protección de los desplazados y el control de los flujos migratorios. Si bien se ha declarado que el primero de estos objetivos prima sobre el segundo, relación que por demás es la única aceptable de acuerdo a los preceptos de la constitución colombiana de 1991, la presente tesis pone en duda tal afirmación. El estudio de la propuesta internacional en la que se inspira, de los argumentos aportados por la corte constitucional para justificar el estatuto reconocido a los desplazados, así como del desarrollo y aplicación de las disposiciones legales permiten sostener lo contrario. El estatuto reconocido a quienes se hallan en situación de éxodo forzado, así como el marco institucional que se ha diseñado para su garantía tienen por principal objetivo ofrecer a las autoridades estatales el control sobre los flujos involuntarios de población. Se trata de una estrategia para relegitimar al estado en medio de la lucha que le enfrenta con otros actores armados. En este contexto la galanía de los derechos de quienes huyen es solo una meta deseable, pero accesoria.