Una nueva incidencia en el tortuoso proceso de configuración legal de la responsabilidad patrimonial del estado legisladorla sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 28 de junio de 2022 (AS. C-278/20)

  1. GERMÁN FERNÁNDEZ FARRERES 1
  1. 1 Universidad Complutense de Madrid
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    Universidad Complutense de Madrid

    Madrid, España

    ROR 02p0gd045

Revista:
Revista española de derecho administrativo

ISSN: 0210-8461

Año de publicación: 2022

Número: 221

Páginas: 21-50

Tipo: Artículo

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Resumen

Tras recordar cómo se ha llegado al reconocimiento y configuración legal de la responsabilidad patrimonial del Estado por daños ocasionados por las leyes, en el presente estudio se analiza el alcance y consecuencias de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de junio de 2022, que ha declarado que algunos extremos de la vigente regulación española no garantizan debidamente la efectividad de la responsabilidad por daños del Derecho de la Unión Europea.

Referencias bibliográficas

  • E. García de Enterría, La responsabilidad del Estado Legislador en el Derecho Español, 2.ª ed., Civitas, 2007.
  • G. Fernández Farreres, Sistema de Derecho Administrativo, t. II (capítulo IX, epígrafe VII: “Responsabilidad del poder legislativo”), 6.ª ed., Civitas, 2022.
  • J. M.ª Rodríguez de Santiago, “‘Igualar por abajo’. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad del Estado derivada de la ley contraria al derecho comunitario y de la ley inconstitucional”, REDE núm. 38 (abril-junio, 2011), pp. 145-146,
  • J. Tornos Mas, “La responsabilidad del Estado legislador por vulneración del Derecho comunitario. El cambio jurisprudencial establecido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2010”, en vol. col. Administración y Justicia. Un análisis jurisprudencial. Vol. I. España. Liber amicorum Tomás-Ramón Fernández, Civitas, 2012, pp. 2365 y ss.
  • R. Alonso García, Sistema Jurídico de la Unión Europea, 4.ª ed., Civitas, Madrid, 2014, pp. 349 y ss.
  • Sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 1963 –Van Gend and Loos–, 15 de julio de 1964 –Costa/ENEL–, o de 9 de marzo de 1978 –Simmenthal–)
  • SSTC 134/1987, de 21 de julio (RTC 1987, 134), 70/1988, de 19 de abril (RTC 1988, 70), 65, 66 y 67/1990, de 5 de abril, 112/2006, de 5 de abril, etc.
  • SSTS de 14 y 21 de septiembre y de 5, 19 y 22 de octubre, todas de 2020 (respectivamente, recs. 2486, 2820, 3620, 5694 y 6717, todos de 2019], c
  • SSTS de 29 de enero de 2004 (RJ 2004, 1077) (rec. 52/2002) y de 24 de mayo de 2005 (RJ 2005, 5408) (rec. 73/2003)].
  • STC 112/2018, de 17 de octubre (RTC 2018, 112)
  • STC 152/2017, de 21 de diciembre (RTC 2017, 152),
  • STJ de 6 de octubre de 2005 (C-204/2003)
  • STJUE de 5 de marzo de 1996, Brasserie du Pêcheur, C-46/93 y C-48/93
  • STS (Pleno) de 27 de noviembre de 2009 (rec. 603/2007), remitiéndose a pronunciamientos anteriores. E
  • STS de 13 de abril de 2013 (rec. cas. 6015/2009).
  • STS de 13 de junio de 2000 (RJ 2000, 5939), rec. 567/1998],
  • STS de 14 de febrero de 2002 (RJ 2002, 1678) (rec. 493/1998).
  • STS de 2 de julio de 2018 (rec. cas. 1149/2017),
  • STS de 2 de junio de 2010 (RJ 2010, 5494), recurso núm. 588/2008.
  • STS de 25 de febrero de 2011 (rec. 4367/2006),
  • STS de 27 de octubre de 2020 (rec. 545/2018)
  • STS de 27 de octubre de 2020 (RJ 2020, 4446) (rec. 454/2018), que, en f. d. 4,
  • STS de 29 de octubre de 2021 (RJ 2021, 4923) (rec. 2842/2016),
  • STS de 6 de junio de 1996 (RJ 1996, 5190) (rec. 2201/1991),
  • STS de 8 de marzo de 2001,
  • TJUE [sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C-224/01)
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