Imparcialidad, libertad de expresión y derecho penal

Resumen

Se analiza la viabilidad y oportunidad de sancionar penalmente ciertas actividades mediáticas en la medida en que generan riesgos graves para las garantías de los procesados penales y, en particular, sobre su derecho constitucional a un juez justo e imparcial. Se estructura en cinco capítulos, además de una introducción acerca de los presupuestos metodológicos empleados para indagar la viabilidad de la tutela penal de la imparcialidad en el ordenamiento jurídico español y que se resumen en los siguientes pasos: Se debe determinar la relevancia del bien objeto de tutela (en este caso, un derecho y valor constitucionalmente reconocido), así como la gravedad e inminencia del riesgo que para su integridad representan ciertos comportamientos mediáticos, especialmente, los llamados juicios paralelos. Se analiza sí la clase de conductas que generan dicho riesgo procede del ejercicio de algún otro derecho fundamental o si es ajena a éste. Sólo en el caso de que esas actividades se encuadren en lo que se conoce como el contenido esencial de algún derecho fundamental su prohibición resultaría absolutamente inconstitucional. En el resto de supuestos, la prohibición o limitación de su ejercicio merece muy distinta consideración y su constitucionalidad descansa en el cumplimiento por parte del legislador de una serie de requisitos estructurados en torno a la idea de proporcionalidad y legalidad. Se expone nuestra concepción del fundamento, contenido y límites de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información y analizar si las conductas que representan riesgo para el bien jurídico forman o no parte de ellos y en qué grado resisten la injerencia penal. La investigación concluye con la afirmación de que, bajo ciertas condiciones, no parece haber obstáculos constitucionales a la tutela penal de la imparcialidad del juez. La respuesta al planteamiento inicial es afirmativa siempre que el legislador penal resp