El régimen jurídico de la ordenación de los espacios portuarios

  1. PONS CANOVAS, FERRAN
Dirigida por:
  1. Manuel Ballbé Director/a

Universidad de defensa: Universitat Autònoma de Barcelona

Año de defensa: 1998

Tribunal:
  1. José Ramón Parada Vázquez Presidente/a
  2. Joaquim Ferret Jacas Secretario/a
  3. Enrique Argullol Murgadas Vocal
  4. Alfonso Luciano J. Parejo Vocal
  5. Enrique Gómez-Reino Carnota Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 67334 DIALNET

Resumen

La ordenación del territorio y el urbanismo, disciplinas reservadas en nuestro ordenamiento jurídico a las CCAA y a los municipios, deben centrar su interés sobre las zonas litorales en general, y sobre los puertos en particular. A través de tales disciplinas podría fijarse un modelo territorial que tuviera en cuenta el lugar más apropiado para la ubicación de los puertos, que coordinara las piezas que conforman el conjunto del sistema y que enfocara su desarrollo de forma integrada con los espacios contiguos a las zonas de servicio. Este hipotético modelo se vé condicionado sin embargo por las facultades inherentes al ejercicio de las competencias portuarias que corresponden al Estado y a las CCAA, y por las exigencias derivadas del desarrollo rentable, eficaz y sin obstáculos del tráfico portuario. Nos encontramos por tanto ante una concurrencia de competencias portuarias y urbanísticas en la zona de servicio de los puertos y en otros espacios litorales, de difícil solución. Ante esta tesitura, esta tesis trata de vislumbrar el marco jurídico a través del cual puede alcanzarse la ordenación urbanístico-portuaria más perfecta posible, que armonice la máxima eficacia en la explotación portuaria con una adecuada estructura espacial, que procure la protección del medio ambiente y una relación satisfactoria entre el sistema portuario y sus ámbitos más cercanos. Este objetivo podría alcanzarse a través de la ejecución conjunta de proyectos de integración puerto-ciudad; de las determinaciones contenidas en instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial elaborados y tramitados de forma consensuada; de la adaptación a las mismas de los proyectos de obras; de la substitución de la licencia de obras por un informe municipal; y, en general, a través de la mutua cooperación entre las administraciones implicadas en la adopación de las respectivas decisiones que producen consecuencias espaciales o