Fracturas sociales y desigualdades en el Magreb

Resumen

A partir de 2011 los movimientos de protestas populares masivos contestando los sistemas de gobernanza en vigor han puesto de relieve la centralidad de la cuestión social en los países del Norte de África. Aunque han surgido en escenarios políticos y contextos socioeconómicos que tienen su propia singularidad, hay rasgos comunes a los tres países que tomaremos como referencia en el presente capítulo —Marruecos, Argelia y Túnez—: transiciones demográficas rápidas y el peso de la juventud, así como el desempleo masivo de esta franja de la población y en particular las mujeres, la permanencia de las desigualdades y la marginación de territorios a la periferia de las principales dinámicas económicas de desarrollo. La radiografía de las fracturas sociales y de las desigualdades que caracterizan las sociedades magrebíes es necesaria para entender más allá de las cifras macroeconómicas el alcance de las frustraciones acumuladas por los sectores de la población más afectados por la exclusión, como los jóvenes y las dinámicas de protestas que han surgido en los tres países durante las últimas décadas. Desde los años 80, con la adopción de políticas neoliberales, la capacidad del Estado de corregir las desigualdades sociales se ha reducido y las brechas socioeconómicas y territoriales se han agrandado, excluyendo a amplios sectores de la población y zonas geográficas de los beneficios de un desarrollo económico acaparado por una clase económica conectada con los círculos de poder. Las respuestas que los Estados magrebíes han aportado para colmar las brechas de desarrollo que las crisis sucesivas y multidimensionales han profundizado —crisis 2008, impacto de las primaveras, bajada de los precios de los hidrocarburos, pandemia de la covid-19— han sido insuficientes. Tanto Marruecos como Argelia y Túnez comparten déficits en términos de servicios y protección social. Estas debilidades han sido exacerbadas con la crisis de la pandemia de la covid-19 poniendo de manifiesto su incapacidad de responder a las demandas socioeconómicas de la ciudadanía, así como el carácter represivo de sus respuestas ante las protestas y manifestaciones de descontento.