vueltas con el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la ley de contratos del sector público. Algunas reflexiones

  1. Rafael Caballero Sánchez
Revista:
Derecho de las relaciones laborales

ISSN: 2387-1113

Año de publicación: 2018

Título del ejemplar: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Número: 8

Páginas: 830-854

Tipo: Artículo

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Resumen

El artículo analiza el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la nueva Ley de contratos del sector público de 2017, caracterizado por una excesiva complejidad al distinguir tres niveles de sujetos vinculados a esa regulación y varias piezas de regulación de diversa intensidad, que se combinan con los anteriores. Por un lado, el modelo es continuista con la legislación previa, por lo que vuelve a plantear algunas de las dificultades ya existentes y, por otro, da una vuelta de tuerca más en la concepción expansiva del grupo de destinatarios de esta regulación garantista de la transparencia y de la publicidad de la actividad contractual financiada con fondos públicos. En cuanto a lo primero, destaca la peculiar transposición de las Directivas europeas, construidas sobre los conceptos de Poder adjudicador y de organismo de derecho público. El legislador español utiliza el primero para referirse al segundo, es decir, a las organizaciones instrumentales públicas y privadas dependientes de una Administración pública, y a la vez utiliza los tres rasgos definitorios de la vinculación de estas entidades con su Administración matriz (financiación mayoritaria, control de gestión o nombramiento de la mayoría del órgano de dirección) como cláusula residual de identificación de los sujetos incluidos en cada nivel de regulación. Esto produce confusión, distorsiona la noción de Administración pública y permite que entes de la misma naturaleza se incardinen en niveles subjetivos diferentes a los que en teoría les corresponde según el listado legal. En cuanto a lo segundo, la ley pretende ser aplicada más allá del sector público, a entidades de naturaleza privada (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales) sobre las que recaen deberes públicos de transparencia. Pero la ampliación es más aparente que real, pues tiene efectos limitados y se condiciona, incurriendo de nuevo en un círculo vicioso, al cumplimiento de las notas propias del poder adjudicador.

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