Soberanía y seguridad alimentaria en la provincia del Guayas (Ecuador)

  1. Franco Cedeño, Ercilia Maria
Dirigida por:
  1. María Dolores Marrodán Serrano Director

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Fecha de defensa: 17 de junio de 2021

Tribunal:
  1. Francisco Rafael Luna Gómez Presidente
  2. Miguel Angel Alcolea Moratilla Secretario
  3. Consuelo Prado Martínez Vocal
  4. María Margarita Carmenate Moreno Vocal
  5. Angeles Sánchez Andrés Vocal
Departamento:
  1. Biodiversidad, Ecología y Evolución

Tipo: Tesis

Teseo: 155509 DIALNET

Resumen

La Agenda 2030 aborda la disminución de la pobreza y la erradicación del hambre. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS2) es asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana nutritiva y suficiente. Este ODS2 está alineado con el derecho a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria. Desde 2008, Ecuador integró en su Carta Magna el derecho a la alimentación y a partir de ahí ha desarrollado legislación como la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) para que el Estado pueda cumplir con dicho mandato. A pesar del amparo legal, los desastres naturales, crisis políticas y económicas que han afectado al país han puesto al 38,10% de la población en situación de pobreza multidimensional imposibilitando el derecho a una alimentación sana, variada y suficiente para el conjunto de los ecuatorianos. El objetivo de esta tesis es doble. Por una parte, analizar el conocimiento sobre soberanía alimentaria en la población de Guayaquil, así como sus hábitos de consumo alimentario. Por otro lado, estimar la inseguridad alimentaria en comunidades periurbanas (Isla trinitaria, Fertisa, Monte Sinaí) y rurales (Barbasco, Cabuyal y San Lorenzo) en la provincia del Guayas. La muestra fue de 689 hogares (385 en Guayaquil; 304 en las zonas periurbanas y rurales) en los que se entrevistó al jefe de hogar. Para analizar el conocimiento de las familias sobre soberanía alimentaria se empleó un cuestionario elaborado para el caso (10 peguntas de respuesta múltiple) y para evaluar la seguridad alimentaria se empleó la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), junto a un cuestionario sobre frecuencia de consumo de alimentos. Se utilizaron pruebas de Chi-cuadrado para el contraste de proporciones y se utilizaron modelos de regresión logística para asociar variables de tipo demográfico o socioeconómico a los niveles de seguridad alimentaria. Los resultados muestran un notable desconocimiento sobre lo que representa la soberanía alimentaria y las leyes que debían garantizarla en Ecuador. En las comunidades periurbanas de Guayaquil y en el medio rural los hábitos de consumo y la seguridad alimentaria se asociaron a factores socioeconómicos. En el área urbana se consumían más frutas, mientras que el consumo de verduras y carne fue más frecuente en el medio rural. En el área urbana es más frecuente el consumo de huevos, carbohidratos, granos dulces, postres preparados, ¿piqueos¿ y refrescos. La aplicación de la ELCSA puso de relieve que el 88% de las familias mostraron preocupación por el tema, que pasaron hambre el 71,4% de adultos y 63,3% de niños. Aproximadamente 7 de cada 10 adultos y 6 de cada 10 menores omitieron una de las tres comidas principales o comieron una sola vez al día. En la provincia del Guayas el 58,6% de hogares padece inseguridad severa, 19,1% inseguridad moderada y el 12,8% inseguridad leve mientras sólo el 9,5% de las familias disfrutan de seguridad alimentaria. Los niveles de inseguridad se acentúan en el medio rural donde la severa llega al 72,80% de los hogares. En el medio periurbano la inseguridad severa afecta al 44,4% de hogares. Los hogares en los que la mujer actuaba como jefa de hogar resultaron más seguros. El riesgo de inseguridad alimentaria se incrementó 3,2 veces en caso de abastecimiento de agua por tanquero y 1,6 veces por cada miembro de la familia en desempleo. El riesgo de inseguridad disminuyó a un tercio si el jefe de familia tiene educación secundaria, se reduce un 70% si los ingresos superan los 500 dólares y un 60% por cada miembro con contrato o dedicado al emprendimiento. Los resultados muestran que el derecho a la alimentación no está garantizado en la provincia del Guayas y pone de relieve que las estrategias y políticas estatales en materia de soberanía y seguridad alimentaria son insuficientes.